Brasil cuestiona a comité de la ONU por decisión sobre Lula

El gobierno brasileño afirmó este viernes que la Justicia del país actúa con "celo", "independencia" y apegada a la Constitución, en respuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió amplias garantías para la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel por corrupción.

El comité dijo que le solicitó al gobierno de Brasil "no impedirle (a Lula) presentarse a los comicios presidenciales de 2018 hasta que sus apelaciones ante tribunales finalicen en procedimientos judiciales justos".

El comunicado del comité agregó que el gobierno brasileño debería garantizar "que, mientras esté en prisión, Lula pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos como candidato en las elecciones presidenciales de 2018". "Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios y a los miembros de su partido político", dijo el organismo.

Bajo la legislación brasileña, Lula tiene libre acceso a sus abogados y visitas semanales de sus familiares. El expresidente tiene permitido comunicarse por escrito, pero los fiscales federales dicen que no puede hacer videos o grabaciones de audios.

El Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se encarga de supervisar violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Debido a que Brasil ha ratificado ambos textos, está técnicamente obligado a cumplir con las conclusiones del Comité, consignó France Presse.

Sin embargo, en una nota oficial, la Cancillería brasileña recordó que las recomendaciones de ese comité no son vinculantes e informó que "el tenor de esa deliberación será encaminado al Poder Judicial".

Para el ministro de Justicia, Torquato Jardim, la solicitud del Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene "ninguna relevancia jurídica". En declaraciones citadas por el diario Folha de Sao Paulo, Torquato calificó el pronunciamiento del comité como "una intromisión política e ideológica indebida en el tema técnico-legal".

El ministerio de RR.EE. de Brasil informó que su delegación en Ginebra, donde está la sede de ese órgano de la ONU, "tomó conocimiento, sin cualquier aviso o pedido de información previo, de la deliberación del Comité de DD.HH. relativa a las candidaturas para las próximas elecciones" de octubre.

En ese sentido, subrayó que "Brasil es fiel cumplidor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos" y que sus postulados "de igualdad ante la ley, respeto al debido proceso legal y derecho a la amplia defensa, son principios constitucionales brasileños implementados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial".

Según destaca la prensa brasileña, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, considera que Lula es "inelegible", al haber violado la Ley de la Ficha Limpia, de 2010. Esa norma establece que todo condenado en segunda instancia, que es el caso de Lula, no puede presentarse a elecciones.