CIDH realizará visita a Bolivia el próximo 22 de noviembre para estudiar "situación de los DD.HH" en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que realizará una visita de trabajo a Bolivia entre el próximo 22 y 25 de noviembre, "con el objetivo de observar la situación de derechos humanos en el país".

Al igual que en el caso de Chile, el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, será el encargado de dirigir la visita de su equipo.

https://twitter.com/CIDH/status/1196758666780848130

Ayer la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales y la llegada de la vicepresidenta del senado, Jeanine Áñez como presidenta interina.

El organismo de Naciones Unidas señaló a través de Twitter que el equipo designado "contribuirá a esclarecer hechos de violencia y ya inició reuniones con actores nacionales". 

La exmandataria ya se había pronunciado sobre la situación del Bolivia, tras la muerte de al menos cinco manifestantes el viernes, con las que sumaban 17 las víctimas fatales durante protestas que comenzaron ante denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, cuyos resultados habían dado como triunfador a Evo Morales. El día domingo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifraba en 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones.

Desde el pasado 20 de octubre comenzaron una serie de violentas movilizaciones que no terminaron con al menos 23 fallecidos y cientos de heridos a raíz del uso de la fuerzas de seguridad. El descontento social comenzó cuando el entonces presidente ganó por un tercer período las elecciones presidenciales, tras un recuento que dejó muchas dudas respecto a legitimidad del proceso y de los organismos electorales. Finalmente Morales dejó su cargo y recibió asilo de parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de la salida de líder indígena, las movilizaciones continúan e incluso el gobierno de Áñez denunció un supuesto atentando en contra de la abogado de 52 años, que la obligó a suspender sus actividades en Beni.