Colombia: Duque en sus horas más difíciles

Cuando en agosto de 2018 el Presidente Iván Duque asumió su mandato, lo hizo con la convicción y esperanza de reformar el acuerdo de paz. Dos años antes, su sector -el uribismo-, apoyó con fervor la campaña del "No" para el referéndum sobre el pacto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Una vez en el gobierno, y con el mismo ímpetu que demostró en campaña, se abocó a promover algunas de estas reformas, sin embargo, son esas mismas medidas las que han provocado que el 60% de los colombianos desapruebe su gestión.

Las recientes derrotas políticas que últimamente ha debido enfrentar Duque han elevado la tensión, provocando un clima de polarización. "Colombia atraviesa una difícil crisis de polarización política, en gran parte como resultado de la división de la sociedad frente al acuerdo de paz con las FARC", señala a La Tercera Fernando Posada, analista colombiano y columnista del diario El Tiempo de Bogotá.

Uno de los principales reveses del gobernante tiene que ver con el caso del excomandante de las FARC, Jesús Santrich, quien fue detenido en abril de 2018 a pedido de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aquello le impidió asumir su escaño en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, en mayo pasado quedó en libertad, pero minutos después fue recapturado por una orden de la Fiscalía por presunto delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Finalmente, el 29 de mayo la Corte Suprema ordenó su liberación, y esta semana se posesionó en el Congreso. Tras conocer la decisión de la Suprema, Duque aseguró que Santrich "es un mafioso".

El otro revés que ha sufrido el Mandatario tiene directa relación con Santrich. En marzo, Duque anunció seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Dicha ley le da soporte al sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Duque buscaba, entre otros asuntos, que se precise el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo de paz y que no se condicione la extradición al ofrecimiento de la verdad a la JEP. Pero dichas objeciones fueron rechazadas por el Congreso y finalmente la Corte Constitucional hundió todo. Así, Duque debió firmar la norma tal cual fue establecida inicialmente.

Para el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Cristian Rojas, "el principal problema del gobierno es su falta de apoyo legislativo. Lo habitual es que el Presidente controla el Congreso porque satisface los intereses de los partidos. Duque es inexperto y no ha sabido hacerlo". "Esa desventaja se ve reflejada principalmente en lo que se refiere a la implementación del acuerdo con las FARC, con el problema adicional del excesivo poder de las cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema y la misma JEP) en todos los asuntos del post-acuerdo", comenta a La Tercera.

Otra controversia tiene que ver con los aparentes nuevos casos de "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en pleno conflicto armado, registradas entre 2002 y 2008. La denuncia, realizada hace un mes por The New York Times, puso en el ojo del huracán al Ejército, en especial al general Nicacio Martínez, quien con el apoyo de Duque fue ascendido de rango en el Congreso.

"Su gestión se ha visto empañada por las denuncias desde el interior del Ejército, porque se trata de un regreso o al menos de una falta de distanciamiento, a una de las políticas más negativas del uribismo", señala Posada.

En su primer discurso tras su triunfo electoral, Duque manifestó que "esa paz que añoramos tendrá correcciones. No haremos trizas los acuerdos, pero vamos a garantizar la justicia". Pero hasta ahora, no ha logrado poner las cosas en orden.