Colombianos votan hoy en consulta clave contra la corrupción

Se necesita que al menos 12 millones de colombianos acudan hoy a las urnas para que la consulta anticorrupción sea un instrumento válido para combatir ese flagelo. Pero los promotores de la iniciativa esperan que, como mínimo, sean 15 millones.

Se trata de una propuesta que nació por iniciativa de parlamentarios del partido Alianza Verde, que reunieron cinco millones de firmas, y terminó siendo respaldada por varios sectores políticos. El objetivo es buscar soluciones con iniciativas que podrían convertirse en leyes, para poner fin a uno de los mayores males que afectan al país.

En el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Colombia se ubicó en el puesto 96 de 180 países.

A comienzos de año, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, advirtió que la corrupción le cuesta casi US$ 18.400 millones al Estado cada año. El procurador general, Fernando Carrillo, sostuvo en mayo ante la ONU que la corrupción es una "pandemia" y señaló que "en el caso de A. Latina se lleva el 5% del PIB, el 15% del presupuesto nacional y afecta por términos de sobornos y coimas el 18% de los montos de la contratación pública de los Estados".

Ante ese escenario, la clase política y la ciudadanía buscan participar en esta consulta que consta de siete preguntas que deberán ser respondidas con un "Sí" o un "No". Para aprobar cada medida son necesarios poco más de seis millones de votos a favor. De ser aprobadas, las propuestas se convertirían en leyes que el Congreso deberá tramitar de aquí a un año. Si aquello no se concreta, el gobierno tendrá la tarea de hacer realidad las medidas mediante decretos.

La consulta les preguntará a los colombianos sobre la reducción de los salarios a los congresistas y altos funcionarios del Estado (se les pondría un tope de 25 salarios mínimos), la condena de cárcel para los corruptos y eliminación de beneficios en prisión, la contratación transparente obligatoria en todo el país, así como la obligación de realizar presupuestos públicos con participación ciudadana. Otras de las preguntas apuntan a la rendición de cuentas de los parlamentarios sobre sus asistencias al Congreso, votaciones y gestiones; la obligación de hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos.