Corte de Guatemala suspende cierre de la misión anticorrupción de la ONU
El presidente Jimmy Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta "violación grave" de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala paralizó en la madrugada del jueves la decisión unilateral del presidente, Jimmy Morales, de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los magistrados del alto tribunal anunciaron su decisión tras nueve horas de deliberaciones.
Morales canceló el mandato de la CICIG el pasado lunes. La medida le valió duras críticas en su país y la comunidad internacional al considerarse que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana.
La CICIG es un organismo de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del estado guatemalteco. La comisión opera desde hace más de una década en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.
El Ejecutivo y el Legislativo no se ha pronunciado aún sobre la decisión judicial, mientras que el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, uno de los interponentes del amparo, se congratuló con la decisión de la Corte y sostuvo en sus redes sociales que "El Estado de Derecho, se fortalece con la resolución de la honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala".
El 26 de diciembre pasado, el procurador Donado había denunciado y solicitado iniciar un antejuicio (proceso de desafuero) contra tres magistrados del Constitucional (José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar), por supuestas resoluciones "arbitrarias e ilegales".
La Procuraduría General de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, consideró que De Mata, Mejía y Porras, supuestamente, han cometido los delitos de "prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad".
El presidente Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta "violación grave" de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.
La tarde de este martes, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, admitió que el personal de la Comisión había salido del país, siguiendo un "protocolo de contingencia de seguridad", ordenado por Naciones Unidas.
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