Dos meses de cuarentena: Las movilizaciones sociales van al alza en Bolivia

Trabajadores de la salud demandan mejores condiciones de trabajo durante la pandemia, en las afueras del Hospital General en La Paz, Bolivia.

Al menos siete puntos de conflicto exigen realizar las elecciones pospuestas por el Covid-19, levantar el confinamiento y la renuncia de la Presidenta interina, Jeanine Áñez.




La pandemia del Covid-19 apareció en un escenario de inestabilidad política y social en Bolivia. Sin haber logrado dejar atrás el estallido social de octubre que implicó la renuncia de Evo Morales y que el país quedara bajo un gobierno interino, la Presidenta Jeanine Áñez ha debido enfrentar sobre la marcha la llegada del coronavirus, que obligó a posponer las elecciones generales programadas para el 3 de mayo.

A dos meses de decretar cuarentena obligatoria, las movilizaciones sociales se reagruparon esta vez para exigir la suspensión del confinamiento, que sostienen los tiene sin comer, y la realización de la votación en un plazo máximo de 90 días. Además, el destape del escándalo de corrupción en la compra de respiradores mecánicos con sobreprecio avivó las protestas que exigen la salida del Ejecutivo transitorio.

Manifestantes bloquean el acceso al vertedero en K'ara K'ara, Cochabamba.

Bolivia alcanzó en las últimas horas 5.187 casos y 215 víctimas fatales. Los hospitales de algunas zonas han comenzado a evidenciar un colapso que deja a pacientes en los pasillos a la espera de atención. Los trabajadores de la salud han realizado manifestaciones en diversos puntos del país solicitando más equipos y protección para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en la región de Beni solo se está trabajando con el 50% de médicos del sector público porque los demás fueron contagiados, al igual que el 24% de las enfermeras.

En paralelo a las movilizaciones de la salud se han paralizado siete puntos del país por conflictos. Según el diario El Deber, las protestas se concentran en: El Alto, K’ra K’ara y Quillacollo, en Cochabamba; Macha, en Potosí; Eucaliptus, en Oruro; San Julián y Yapacaní, en Santa Cruz.

Uno de los primeros puntos de conflicto en activarse fue K’ara K’ara, donde el pasado 11 de mayo los manifestantes decidieron bloquear el paso hacia el vertedero municipal como medida de presión contra el gobierno. Esto impidió la recolección y transporte de 4 mil toneladas de basura, por lo que en plena pandemia los deshechos incluso hospitalarios estaban botados en las calles representando un foco de infección. Tras casi dos semanas, ayer se detuvieron las movilizaciones a cambio de “una dotación de alimentos” lo que reanudó el servicio de basura.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez en una conferencia de prensa.

El segundo bloqueo llegó desde Yapacaní, carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, donde los mismos pobladores detuvieron el tránsito para solicitar el levantamiento de restricciones de movimiento y la reapertura del comercio. El municipio cumplió más de 17 días sin la policía en el lugar y ante la persistencia, las autoridades locales han enfatizado en la necesidad de un diálogo. El alcalde de Yapacaní, Vicente Flores, intentó mediar el conflicto, pero como respuesta los manifestantes cubrieron con tierra las vías.

Sin embargo, al igual que en K’ara K’ara, ayer se decretó un alto al bloqueo por 10 días, pero a la solicitud de la publicación de la fecha de las elecciones se adhirió la petición de destituir al ministro de gobierno, Arturo Murillo.

Una de las zonas más emblemáticas durante el conflicto en octubre fue la ciudad de El Alto, una zona masista. Justamente, los alteños también han desconocido el mandato de Áñez y han salido a protestar para presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que determine la fecha de los comicios.

Lo que inició con cacerolazos se convirtió en una imagen de desobediencia y de desconocimiento hacia el Palacio Quemado, que se ha visto reflejado en las calles. La prensa boliviana sostiene que en algunas zonas de El Alto había una vida casi normal hasta pasado el mediodía, donde a pesar de la cuarentena total, el transporte, el comercio y las personas seguían funcionando.

Habitantes de El Alto repletan un mercado Locals en medio de la cuarentena total en Bolivia.

El foco principal de las movilizaciones se mantiene en Cochabamba, zona aliada al expresidente Evo Morales, asilado en Argentina. Los manifestantes acusan que la cuarentena está siendo utilizada como una “medida política” para que Jeanine Áñez, que además es candidata presidencial, se mantenga en el poder.

“Nosotros no vamos a entrar en el juego de la violencia, pero tampoco vamos a permitir que ahoguen el país. No estamos haciendo ninguna acción violenta y está dando resultado el diálogo, porque han bajado los conflictos que se estaban queriendo dar”.

Arturo Murillo, ministro de gobierno de Bolivia

Con los días y ante el aumento de casos, las movilizaciones sumarían en los próximos días nuevos adherentes. Así, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia advirtió que protestarán si no hay una fecha de elecciones. A ellos se han sumado gremios de agricultores y algunos comités cívicos.

En paralelo, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), el departamento con más contagios a nivel nacional, con 3.414, evidenció la desesperación que viven por la falta de recursos que amenaza con provocar una masiva renuncia de médicos. Por esto, los alcaldes anunciaron que si “hasta final de mayo, los gobiernos municipales no tienen respuestas, los alcaldes iniciarán una huelga de hambre”.

El exministro de Salud, Marcelo Navajas observa un ventilador mecánico en el hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz, Bolivia.

El temor de las marchas, en la que se congregan cientos de personas sin respetar el distanciamiento social, es que se conviertan en grandes brotes de coronavirus. El último reporte del Ministerio de Salud advierte que en Cochabamba hay 266 casos confirmados y en La Paz 375.

Los focos de conflicto también comienzan a afectar al gobierno interino de Jeanine Áñez, que esta semana se vio golpeado por la divulgación del caso que involucra la compra de 170 respiradores mecánicos por cuatro veces su valor en el mercado, lo que derivó en la destitución y detención preventiva del exministro de Salud, Marcelo Navajas.

A pesar de la divulgación de las peticiones, el TSE no ha fijado un fecha de los comicio por el momento y han señalado que esperan evaluar la evolución de la pandemia, pero los bloqueos amenazan con retomar fuerza si durante la próxima semana no se da al 2 de agosto como fecha de votación, ya que es cuando se cumplen el plazo de 90 días desde que fue aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

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