Familias separadas por Trump: “Es un trauma que no se sana”

Una mujer hondureña y su hijo esperan en un puente fronterizo, luego de ser denegados en Brownsville, Texas, ayer.

La política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes ilegales impulsada por la Casa Blanca ha significado la separación de padres, madres e hijos. Una mujer distanciada de su esposo e hijos detenidos en California y un menor a la espera de su primo en un albergue cuentan sus casos a La Tercera. “Hablo con mi hijo casi todos los días y me dice que quiere estar conmigo, que no quiere estar ahí”, relata una ciudadana salvadoreña.


Fueron cerca de 4.300 los kilómetros que Elena Martínez, de 30 años, su esposo y sus dos hijos, de cinco y 11 años, tuvieron que recorrer desde El Salvador para llegar a Tijuana, México, con un solo objetivo: cruzar a Estados Unidos. Pero las cosas no salieron como esperaban. Hoy el marido de Elena está detenido en California y uno de sus hijos figura en un centro de detención de menores.

La situación por la que atraviesa esta ciudadana salvadoreña y su familia es reflejo de lo que viven al menos 2.342 niños inmigrantes que han sido separados de sus padres, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales. Esto, a raíz de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, promovida en abril por el fiscal general Jeff Sessions y el Presidente Donald Trump. Desde entonces, los inmigrantes capturados cruzando ilegalmente la frontera han sido procesados por delitos criminales en una corte federal, y los padres que entran de esa forma a Estados Unidos son separados de sus hijos. Tras una ola de críticas, Trump firmó el miércoles una orden que permitirá que los ilegales esperen su juicio junto a sus hijos, aunque advirtió que la política de “tolerancia cero” continuará.

Elena Martínez partió desde El Salvador el 17 de marzo para integrarse a la caravana de migrantes desde el Parque Central de Tapachula, en México, el 25 de marzo. Viajaron todo un mes y el 15 de mayo ingresó a EE.UU. junto a su hijo de cinco años por el cruce El Chaparral y se entregó a las autoridades. A su vez, su esposo, que iba acompañado de su hijo Marcos, de 11 años, ingresó el 3 de mayo y también se entregó. La familia no hizo el ingreso en conjunto porque una enfermedad del hijo menor obligó a Elena a ingresar después.

El 8 de mayo los oficiales del ICE -institución gubernamental encargada del control fronterizo, aduanas, comercio e inmigración- le dijeron a su esposo que no podía estar con el menor, y entonces su hijo fue enviado a un centro de detención especial de menores, en San Diego. Hoy el marido de Elena Martínez se encuentra detenido en Otay Mesa.

“En El Salvador dejamos todo: nuestra casa, nuestras cosas, nuestra vida. Tuvimos que salir huyendo de nuestro propio país, puesto que los políticos y los mismos oficiales de seguridad, no pueden proteger a nuestro país”, cuenta Martínez a La Tercera.

Su hijo ya lleva un mes y 10 días en el centro de detención. “Hablo con él casi todos los días, me dice que ya quiere estar conmigo, que no quiere estar ahí”, relata.

Elena corrió mejor suerte con su hijo de cinco años, ya que fue detenida y enviada a una dependencia del ICE, y luego los remitieron al aeropuerto de California para ir a Texas. En ese estado estuvo detenida junto a su hijo por 11 días. Actualmente, Martínez reside en la ciudad de Houston junto a la familia de su esposo, con un grillete en el tobillo que no la deja alejarse por más de 120 kilómetros. Su audiencia la tendrá en un año más, sin embargo, la de su marido fue fijada para el 3 de julio.

“Nosotros vinimos a los Estados Unidos pidiendo asilo. El saltarse un muro, el cruzarse un río, el ir buscando evadir las garitas, pues merece penalidad. Pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, llegamos de nuestra voluntad a entregarnos al gobierno de EE.UU.”, expresa Martínez, quien sostiene que sí evaluó que podían ser detenidos, sin embargo, nunca pensó que separarían a sus hijos. Marcos, su hijo, podría ser liberado dentro de los próximos días y Elena está a la espera del aviso para comprarle pasajes de California a Houston.

“Ha sido dificilísimo emocionalmente, psicológicamente. Es una trauma que no se sana, es algo que uno lleva siempre”, expresa esta ciudadana de El Salvador.

Los “no acompañados”

La noche del 19 de junio, Víctor García, un joven mexicano de 16 años, caminaba inquieto junto a su primo Ángel Chávez de 20 años, por una localidad cercana a la ciudad fronteriza de Calexico en California. Ambos habían atravesado por el paso Mexicali, en búsqueda de mejores oportunidades y de un trabajo que les daría otro primo, Nicolás García de la Cruz (30), que los esperaba en Paso Roble. Pero nunca llegaron a destino.

La idea era juntar dinero para ayudar a su familia, originaria del estado de Guerrero, de Cochoapa el Grande-uno de los municipios más pobres de la zona de la sierra mexicana- aunque el sueño real, era ingresar a la universidad en Estados Unidos, país que sería su nuevo hogar para estudiar ingeniería.

“La policía de migración nos agarró en la carretera, nos subió a una camioneta y no volví a ver a mi primo”, relató García a La Tercera, quien hoy cumplirá su tercer día en el Albergue Juvenil del Desierto, en Mexicali.

Historias como las de Víctor García representan otra cara de la crisis migratoria del gobierno de Trump y son catalogados por el Departamento de Salud y Servicios de Estados Unidos como “niños no acompañados”. A fines de mayo estos casos afectaban a 10.773 menores, mientras que a fines de abril, cuando el secretario de Justucia, Jeff Sessions, anunció la política sobre inmigración ilegal, llegaron 8.886.

Antes de viajar a Estados Unidos y ser deportado, García cursaba el segundo semestre en la preparatoria, pero frente a los problemas económicos de su familia, sus padres le facilitaron sus ahorros para que pudiera irse y salir adelante.

“Es injusto. No sé cuándo voy a volver a ver a mis papás, pero me he comunicado con ellos. Estamos esperando a que deporten a mi primo y que venga por mí”, explicó García, quien agregó que pese a que le gustaría volver a Estados Unidos, lo ve muy difícil. “En el albergue me dan de comer, un lugar para dormir y también hay otros niños del estado de Guerrero”, contó.

En ese albergue, junto a otros 11 menores, García está bajo la custodia de la directora del centro, Mónica Oropeza, quien lleva cerca de 30 años trabajando en asuntos migratorios. Ahí, la profesional y su equipo procuran encontrar rápidamente a los familiares de los niños y al mismo tiempo darles la seguridad de que pronto saldrán de ese lugar. Si hace un año recibían dos o tres casos diarios, hoy el promedio supera los cinco.

Cuando los niños son detenidos, el instituto de migración estadounidense deporta rápidamente a los mexicanos de vuelta a su país. Pero cuando García fue detenido, estuvo junto a otros menores provenientes de Centroamérica y comentó que algunos de ellos fueron trasladados a San Diego por ser solicitantes de asilo.

Separada de su hijo Anthony

El 26 de mayo, Elsa Johana Ortiz Enríquez partió de Guatemala rumbo a Estado Unidos, atravesando México con Anthony, su hijo de ocho años. Su pareja, Edgar, ya residía y trabajaba en EE.UU. y los estaba esperando. Pero la Patrulla Fronteriza detuvo a Elsa Ortiz y a su hijo, quienes fueron trasladados a un centro de detención en Texas. Posteriormente, Ortiz fue enviada de regreso a Guatemala y su hijo, Anthony, enviado a un refugio para niños migrantes en Texas.

“Estoy completamente devastada”, dijo Ortiz, de 25 años, al diario The New York Times, desde Guatemala. En esa entrevista, la mujer señaló que no tenía la menor idea de cuándo volvería a ver a su hijo.

La difícil situación económica de Elsa Ortiz y la violencia en su país, la llevaron a tomar la decisión de irse a Estados Unidos, junto a Edgar.

Luego de ser detenidos, Ortiz contó que las autoridades fronterizas la entrevistaron al día siguiente y ahí fue cuando le dijeron que la separarían de su hijo. “Supliqué, por favor no hagan esto, no se lo lleven”, dijo. Minutos más tarde, escuchó el nombre de su hijo, ambos se pararon y a Anthony se lo llevaron, mientras ella pedía a gritos que no lo hicieran.

Días más tardes, Ortiz fue llevada junto a otros migrantes a un tribunal federal en Texas, donde se le declaró culpable de entrada ilegal. Antes de que pudiera tomar un teléfono, la subieron a un avión de regreso a Guatemala. “Por favor no me suban al avión”, recuerda que decía en español. “No puedo ir sin mi hijo”, suplicó.

Desde Guatemala, Ortiz llamó a Edgar y se enteró que Anthony estaba bien. “Tiene ropa, zapatos y su propia cama, lo estamos cuidando bien”, le dijeron.

Días después, pudo comunicarse directamente con Anthony: “Mami, ¿te están tratando bien en la casa en la que te encuentras?”. Ella respondió que sí. Sin embargo, su hijo no sabía que ella estaba de vuelta en Guatemala.

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