Juez procesa a 13 políticos catalanes por rebelión, incluido Puigdemont

Autor: EFE

Puigdemont
Foto: AFP.

Estas personas contribuyeron a la convocatoria de un referéndum a favor de la secesión de Cataluña el pasado 1 de octubre y posteriormente aprobaron la declaración de independencia de esa región el pasado 27 de octubre, pese a que el Tribunal Constitucional había insistido en que era ilegal.


Un juez del Tribunal Supremo español procesó hoy por delito de rebelión a trece políticos implicados en el proceso independentista de Cataluña, entre ellos al ex presidente catalán Carles Puigdemont y el candidato actual a ocupar ese cargo, Jordi Turull.

También fueron procesados por ese delito la ex presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, el ex responsable de Exteriores en el Gobierno de Cataluña Raúl Romeva, y 5 consejeros más del gabinete, así como los líderes de las dos principales organizaciones sociales que apoyaron la declaración de independencia.

El magistrado libró del delito de rebelión a otras doce personas, pero sí las procesa por otros cargos como desobediencia y malversación de fondos públicos.

Estas personas contribuyeron a la convocatoria de un referéndum a favor de la secesión de Cataluña el pasado 1 de octubre y posteriormente aprobaron la declaración de independencia de esa región el pasado 27 de octubre, pese a que el Tribunal Constitucional había insistido en que era ilegal y había ordenado impedir que se realizaran ambas actuaciones.

El delito de desobediencia no conlleva penas de prisión, pero sí de inhabilitación para ejercer cargo público.

Por malversación están procesados el ex presidente Puigdemont, el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, que está en la actualidad en prisión provisional, y siete miembros de su antiguo gabinete, que también están acusados de rebelión.

En total, Llarena ha investigado en este caso a veintiocho personas y solo tres no están procesadas por algún delito, entre ellas el expresidente catalán Artur Mas, antecesor de Puigdemont.

Asimismo, el magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros (2,5 millones de dólares al cambio actual) que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Gobierno catalán procesados.

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