La incierta condena a Bolsonaro tras la investigación parlamentaria a su manejo de la pandemia

Jair Bolsonaro habla durante una ceremonia en el Palacio de Planalto de Brasilia, el 29 de junio de 2021. Foto: AFP

Mientras la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) aprobó anoche su informe final, la prensa brasileña destacó que las posibilidades de que el mandatario sea arrestado por los delitos señalados en el documento, incluso si sufre condenas, son bajas.




El informe final elaborado por la comisión especial del Senado de Brasil que investigó la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno incluyó entre sus conclusiones la salida del Presidente, Jair Bolsonaro, de redes sociales debido a su “relevante papel” en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia.

“Es importante reiterar que la propagación de información falsa y los ataques a las instituciones no se limitan a la opinión personal de Jair Bolsonaro. Al asumir la Presidencia de la República asumió también las responsabilidades y atribuciones del cargo que ocupa, por lo que sus declaraciones tienen naturaleza de decisiones oficiales, que influyen fuertemente en la población”, sostiene el informe.

El pedido, que será enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) y a la fiscalía general, se da después de que el mandatario mencionara el jueves en una conexión en directo una información que asocia la vacuna contra el Covid-19 con el sida. El video fue posteriormente retirado de Facebook, Instagram y YouTube. La plataforma de videos decidió, además, suspender el canal de Bolsonaro por una semana.

El texto, que fue aprobado anoche por el pleno de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), recomienda la acusación a Bolsonaro por una serie de cargos que incluyen charlatanería, incitación al crimen, malversación de fondos públicos y delitos de lesa humanidad que lo hacen responsable de las más de 600.000 muertes de Covid-19 que registra Brasil, así como la imputación de casi 80 personas, entre ellos sus dos últimos ministros de Salud, Eduardo Pazuello y Marcelo Queiroga, además de dos empresas.

El senador brasileño Renan Calheiros, relator de la CPI del Covid-19, habla con la prensa antes de la votación del informe final, en Brasilia, el 26 de octubre de 2021. Foto: AFP

Tras la aprobación del informe final, la decisión de presentar cargos dependería del fiscal general, un funcionario designado por Bolsonaro y que se considera protege al presidente. La denuncia de crímenes de lesa humanidad iría a la Corte Penal Internacional.

Al respecto, el vicepresidente de la CPI, Randolfe Rodrigues, dijo este martes que esperaba que el fiscal general de la República, Augusto Aras, actúe de acuerdo al cargo que ocupa al recibir el informe final de la comisión.

El senador se pronunció sobre el asunto durante una conferencia de prensa, cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que el titular del Ministerio Público no emprenda acciones penales contra el Presidente Jair Bolsonaro. Aras ha sido acusado, incluso entre sus pares, de proteger los intereses de la familia Bolsonaro, apunta el diario Correio Braziliense.

“Primero, quiero creer que el señor Augusto Aras es el fiscal general de la República, antes de ser aliado de nadie. Esperamos que actúe como fiscal general de la República. Si no lo hace, hay otros caminos, en el Código del Proceso Penal de nuestro país, en el Derecho Penal de nuestro país, para llevar adelante este informe”, dijo Randolfe. Informó que el reporte final de la CPI será entregado a Aras este miércoles.

Según el senador, en caso de omisión del fiscal general de la República, se podrá interponer una acción subsidiaria ante el Supremo Tribunal Supremo (STF). “Esta CPI termina hoy. Esta historia no termina aquí, y nada termina hoy cuando termina la CPI. Aún tenemos mucho trabajo por hacer. Seguiremos las consecuencias de este informe. Lo vamos a llevar a donde está destinado llevar, y vamos a exigir que se determinen las responsabilidades”, insistió Randolfe.

Vista general de la Comisión Parlamentaria de Investigación que investiga el manejo del gobierno en la pandemia de coronavirus, en Brasilia, el 26 de octubre de 2021. Foto: AFP

Previo a la votación del informe final de la CPI, el diario Folha de Sao Paulo recordó que Bolsonaro, durante un discurso en la Avenida Paulista en los actos oficialistas del 7 de septiembre, advirtió sobre la investigación a su manejo de la pandemia. “(Quiero) decirles a los canallas que nunca seré arrestado”, dijo en esa oportunidad.

Según el periódico paulista, en el informe final de la CPI se atribuyeron nueve delitos a Bolsonaro. De estos, siete son delitos comunes, previstos en el Código Penal y con pena privativa de libertad. El dictamen también señala que el mandatario habría cometido un crimen de responsabilidad, bajo la Ley de Impeachment, y un crimen de lesa humanidad, bajo el Estatuto de Roma.

Sin embargo, las posibilidades de que Bolsonaro sea arrestado por los delitos señalados en el documento, incluso si sufre condenas, o incluso de que no sea elegible en un futuro cercano debido a ellos, son bajas, apunta Folha.

Si bien hay especialistas que argumentan que las acciones y omisiones de Bolsonaro podrían enmarcarse en un tipo penal, su aplicación implicaría interpretaciones más controvertidas dentro del derecho y dependería, por tanto, de la disposición del Poder Judicial para tomar una decisión con un alto costo político.

Independientemente de si se presentan los cargos, la recomendación alentaría las críticas al presidente, cuyas tasas de aprobación han caído de cara a la campaña electoral de 2022, debido en gran medida a la cifra de muertes, consigna The Associated Press.

Residentes de las favelas protestan contra Bolsonaro y el precio de la gasolina y los alimentos en Sao Paulo, el 23 de octubre de 2021. Foto: Reuters

Con todo, el diario brasileño destaca que la CPI arroja un peso adicional sobre Bolsonaro en un escenario de crisis económica duradera. “El informe final de la CPI forma una combinación incómoda para Bolsonaro. El texto de la comisión señala la responsabilidad directa del gobierno por la catástrofe sanitaria en un momento en que la población apunta con el dedo al presidente por la asfixia económica”, señala.

Actualmente, la encuestadora Datafolha muestra que el 41% de los votantes ve “mucha responsabilidad” del gobierno de Bolsonaro en el alza de precios, y otro 34% ve “un poco de responsabilidad”.

Al respecto, Bruno Boghossian, columnista de Folha, destaca que “Bolsonaro todavía busca protección. El consorcio entre el presidente y el núcleo político liderado por el centrão está trabajando para aliviar la presión económica con el aumento temporal de la Bolsa Família. La medida puede ayudar, pero será insuficiente para cubrir todos los segmentos vulnerables que recibieron ayuda de emergencia”.

“Será más difícil deshacerse de la historia que ha construido el gobierno en la lucha contra la enfermedad. El propio Bolsonaro insiste en reforzar las conclusiones de la CPI. El mandatario demostró que seguirá utilizando como armas el ataque a los adversarios, la desinformación y el desincentivo a la vacunación”, concluye Boghossian.

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