Vizcarra arrincona al Congreso por reformas contra corrupción

El Presidente peruano, Martín Vizcarra, en su mensaje del domingo pasado.

El Presidente peruano someterá mañana a un voto de confianza cuatro proyectos de cambio legislativo en los ámbitos político y judicial.


Perú volvió a despertar ayer con un choque entre el Ejecutivo y el Congreso. Esto luego que el Presidente, Martín Vizcarra, anunciara el domingo en la noche su decisión de convocar a un voto de confianza en torno a cuatro proyectos de reforma política y judicial -que él presentó hace 40 días- con miras a combatir la corrupción.

En su mensaje, el Mandatario anunció que convocará de manera extraordinaria al pleno del Congreso para mañana, para que vote con carácter de “cuestión de confianza”. Según explica el diario El Comercio, la Cuestión de Confianza es un instrumento constitucional por el que el Poder Ejecutivo puede solicitar el apoyo de la mitad más uno del número legal de congresistas ante circunstancias que exijan respaldo político. Tal solicitud implicaría que, en caso de derrota, Vizcarra estaría facultado constitucionalmente para cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas, en caso de una derrota. Ante esta posibilidad, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló, ayer, que el cierre del Congreso sería “la última instancia” y que espera que eso no ocurra.

Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que domina el Legislativo, ha desestimado la urgencia de las propuestas de Vizcarra, que incluyen el fin de la reelección parlamentaria, restituir la bicameralidad en el Congreso y regular el financiamiento de los partidos, además de cambiar procesos de designación y control de jueces.

El partido de la hija del exPresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantuvo con las manos atadas al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de gobierno hasta que consiguió su renuncia el pasado 21 de marzo.

Según explica la agencia The Associated Press, el punto de quiebre que inició las fricciones entre Vizcarra y el Parlamento opositor empezó en julio durante el mensaje anual a la nación donde el Mandatario “criticó la corrupción en el sistema político y judicial destapada por la difusión de decenas de audios que mostraban cómo una red de jueces, fiscales, legisladores, electores de autoridades y empresarios se hacían favores mutuos para manejar la justicia a su antojo”.

Los “audios de la corrupción” provocaron la renuncia del presidente de la Corte Suprema, del ministro de Justicia, de los poderosos electores de magistrados y han dejado en el mayor descrédito al fiscal general y a un juez supremo, quienes han sido señalados de pertenecer a una organización criminal pero que no pueden ser juzgados por tener privilegios constitucionales.

Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum, dijo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).

De acuerdo a varias encuestas, las iniciativas de reforma del sistema político y judicial propuestas por el Presidente han impulsado hasta por diez puntos la popularidad de Vizcarra.

En todo caso, no todos están confiados que la estrategia de Vizcarra sea exitosa. “Creo que el Presidente Vizcarra, que había mejorado mucho su popularidad enfrentando al Congreso, ha visto que ese es un camino relativamente sencillo para seguir mejorando su aprobación y su posición de fuerza frente al Congreso, aunque no sé qué resultado le darán. Porque no es seguro que esa cuestión se vaya a votar el miércoles. Está siendo cuestionada por constitucionalistas y abogados. El Presidente está aprovechando el desprestigio y la impopularidad del Congreso para beneficiarse con eso”, dijo a La Tercera, Fernando Rospigliosi, ex ministro de Interior peruano.

“Lo que está en discusión es si el Presidente tiene la capacidad para provocar una cuestión de confianza en función de los temas que él ha planteado. Hay algunos que dicen que no se puede plantear como cuestión de confianza. Entonces, quizás, la mayoría del Congreso va a decir eso y se nieguen a votar sobre eso. Ahí entraríamos en un entrampamiento que no sé cómo se resolvería”, advirtió.

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