Si bien la Normativa Técnica de Acompañamiento y Atención Integral de la Ley 21.030, que entrega directrices a los equipos médicos sobre los procedimientos en el caso de que una mujer invoque una de las tres causales para interrumpir voluntariamente el embarazo tuvo una buena recepción desde diversos ámbitos, en el Colegio Médico existe "preocupación", por su implementación.
Esto, porque dicha puesta en marcha estará a cargo del gobierno que asume el 11 de marzo, liderado por Sebastián Piñera, y principalmente, por las modificaciones que se puedan hacer en los equipos que trabajaron en la elaboración de sus directrices.
"La norma permite esclarecer muchas de las dudas, pero preocupa que gran parte de la implementación le va a corresponder al próximo gobierno. El futuro ministro va a tener que definir cuáles son los cuadros técnicos y creemos importante que personas que trabajaron durante el proceso de formación de la norma puedan continuar. Hay cosas que no se pueden desechar", señaló Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico.
El documento, dado a conocer este miércoles por el Minsal, especifica los lineamientos que deben seguir los prestadores de salud. Incluso, la forma en que se debe actuar frente a los casos de violación.
En esa línea, la ministra de Salud (s), Gisela Alarcón, indica que la normativa "pone en el centro el derecho de una mujer que está sometida en tres tipos de situaciones difíciles en su vida. Lo que hace la ley es despenalizar la decisión de la mujer".
La norma será obligatoria para todos los prestadores de salud en Chile: para los establecimientos públicos, los privados y las Fuerzas Armadas.
Respecto a la elaboración del documento, uno de los revisores externos, el médico y director de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (Sochog), Álvaro Insunza, señaló estar conforme con la forma en que se especifica el rol de los centros de salud.
"Es algo muy detallado y aclaratorio. El texto separa claramente lo que tiene que ver respecto a las acciones médicas de las judiciales", dice Insunza, refiriéndose a la causal de violación.
En la normativa también se establece que se deben sacar muestras genéticas de los fetos, con el fin de obtener la identificación del causante de violación en caso de que lo necesite el Ministerio Público. "Se aplica cuando procede una medida de protección legal", añadió.
Desde el Colegio de Matronas, su presidenta, Anita Román, destacó la conformación del equipo médico que llevará a cargo el acompañamiento a la madre, si esta así lo solicitara.
"Para que aplicación de la ley se produzca de manera efectiva, la norma establece la incorporación de responsabilidades del Ministerio de Desarrollo Social y el de Hacienda, en relación al financiamiento. Además, existe un equipo multidisciplinario con gran componente psicosocial, porque en la tercera causal (violación) se incorporan trabajadores sociales", agrega Román.