Al menos tres meses se quedarán en Chile: extranjeros que agredieron a carabineros en Iquique no podrán ser expulsados inmediatamente

Debido a la judicialización de la causa, los cuatro ciudadanos venezolanos formalizados por maltrato de obra a los policías, y quienes quedaron en prisión preventiva, deberán esperar el término de su proceso penal antes de que el gobierno pueda concretar su deportación, tal y como ya lo anunció el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.




“La decisión de expulsar a estas cuatro personas es a todo evento”. Así explicaba el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lo que ocurriría con los ciudadanos venezolanos que agredieron a dos carabineros en medio de un procedimiento policial en la playa Cavancha de Iquique. Sin embargo, para que esa expulsión se concrete primero tendrá que concluir el proceso judicial en su contra, que se abrió este miércoles, cuando debieron enfrentar a la justicia.

Delgado aseguró la mañana del miércoles que había “dispuesto al delegado presidencial que acelere todos los trámites para tener el decreto de expulsión, lo antes posible, de estas cuatro personas”. Aclarando que los extranjeros iban a ser “expulsados sí o sí”.

Horas más tarde de estos dichos de la autoridad, en el Juzgado de Garantía de Iquique se llevó a cabo la formalización de cargos en contra de los cuatro detenidos. Se les atribuyó autoría en el delito de maltrato de obra a Carabineros con lesión grave y menos grave, y dos de ellos fueron imputados, además, por tráfico de pequeñas cantidades de drogas. El caso saltó a la luz cuando se viralizó en redes sociales un video captado por transeúntes en que se veía cuando personal de Carabineros, en un intento por hacer un control de identidad ante la sospecha de microtráfico, fueron agredidos por los sujetos, quienes se resistieron a la fiscalización policial. De hecho, uno de ellos, identificado como Jeisson Alexander Zapata Rodríguez, golpeó con una manopla al sargento 2° Alfredo Espinoza Ahumada, quien terminó con una lesión contusa nasal, fractura dental y nasal grave y debió ser trasladado hasta el Hospital de Carabineros en Santiago.

En La Moneda, el ministro Delgado advertía que “si estas personas no quedaran con prisión preventiva o con algún tipo de condena y no tuviesen que enfrentar la justicia, por supuesto que nosotros vamos a ejercer la expulsión”. Sin embargo, se configuró un escenario distinto, ya que el juez Vicente Muratori consideró que “la libertad de los cuatro imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, por lo que decretó la prisión preventiva de todos los sujetos y 90 días de plazo para la investigación de los hechos.

Los escenarios

En el gobierno manejaban dos posibles escenarios, el primero de ellos era en caso de que quedaran en libertad se recurriría a una expulsión administrativa e inmediata. El otro, que fue lo que ocurrió, impide que los sujetos sean expulsados mientras esté vigente su situación judicial en Chile. Una vez que estos sean condenados o absueltos de los hechos, la autoridad podrá ejecutar su deportación. Aunque también existe la posibilidad de que la condena dictada por la justicia sea sustituida por la expulsión.

En esa línea, el fiscal Eduardo Ríos explicó que la judicialización de la causa impide la expulsión: “La única forma que sean expulsados es que se condene a una pena inferior a cinco años”. La fiscalía espera que sean condenados a penas de cinco años y un día, por lo que, “a nuestro juicio, ellos deberían cumplir la pena efectiva, en una cárcel, como cualquier ciudadano que comete algún tipo de crimen”, sentenció el representante del Ministerio Público.

Para que exista una condena, primero deberán transcurrir los 90 días establecidos para la investigación. Una vez concluida, la fiscalía deberá acusar a los sujetos y con eso dar paso a una audiencia de preparación, posteriormente el juicio oral y finalmente la dictación de una sentencia.

La última expulsión decretada por el Ejecutivo se concretó el 15 de diciembre pasado, mismo año en el que se totalizó la deportación de 946 personas por vía terrestre y aérea. Según datos del Ministerio de Interior, la mayor cantidad de personas que fueron sacadas a la fuerza del territorio nacional vía decreto eran de Venezuela; seguido por Colombia; Bolivia, República Dominicana y Perú. Respecto de los motivos, la mayoría de ellos fue por infracción a la Ley 20.000 (drogas), ingreso clandestino, robo con violencia, robo con intimidación y porte de armas.

La mayor cantidad de deportaciones se concretó el 2019, cuando 2.227 personas fueron expulsadas del país. El 2021 y 2020 fueron los años con menos de estas medidas, ya que se concretaron 946 y 1.365 expulsiones, respectivamente. Según explican las autoridades, aquello estaría relacionado a un “factor pandemia”.

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