Andrés Mahnke, defensor nacional: "En Chile pasa algo parecido a lo que ocurre entre EE.UU. y México. Solo falta el muro"

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El defensor nacional, Andrés Mahnke, en el octavo piso de la Defensoría Nacional.

La autoridad de la Defensoría Penal Pública cuestionó la política de migración del gobierno y aseguró que esta no se preocupa de cómo garantizar los derechos de los extranjeros.


Nadie ha quedado ajeno al fenómeno migratorio que vive Chile. El gobierno, desde que se instaló, ha marcado la escena con sus decisiones, situación que ha marcado la posición de adherentes y críticos. Las palabras del defensor nacional, Andrés Mahnke, lo ubican en la vereda de quienes cuestionan el proceder del Ejecutivo. En conversación con La Tercera, la autoridad no ocultó su disconformidad por cómo se ha manejado esta materia e incluso comparó la política migratoria del Ejecutivo con aquella impulsada por Estados Unidos en contra de la inmigración mexicana. "Solo falta poner el muro", aseguró.

¿Qué opinión le merece la política migratoria que ha impulsado el gobierno?

Desde el punto de vista de las expulsiones, del aumento de los requisitos para ingresar y la facilitación de las vías de salida a personas haitianas, claramente estamos en una mirada, desde el punto de vista de una política migratoria que promueva los estándares de los derechos humanos, con una visión completamente inversa. No está el prisma de cómo garantizamos los derechos de las personas, estamos desde el prisma de cómo nos defendemos como Estado. Es completamente equivocado. En Chile pasa algo parecido a lo que ocurre entre EE.UU. y México. Solo falta poner el muro.

¿Estima que ha primado una mirada discriminatoria?

Se quiera o no, estamos asociando migración con delincuencia. Estamos expulsando extranjeros, pero si uno analiza los casos, hay personas que han participado en ilícitos, pero han cumplido su pena y tienen arraigo en el país e hijos menores de edad chilenos. Además, están siendo expulsados con publicidad. Con estos chalecos amarillos, claramente haciendo la vinculación delito y extranjero.

¿Cree que existen las herramientas de defensa para quienes son expulsados?

Hoy en día no y el proyecto de ley de migración no las contempla. Se debiese establecer, de acuerdo a estándares internacionales, una forma de juicio que me permita exponer arraigo, familia, permanencia, que he hecho esto y que he generado esto otro. Deben existir mecanismos que puedan resolver una controversia entre los pro y los contra, que definan si es conveniente o no que esa persona se queda o salga. Hoy el único recurso que hay es: 'Yo ya decreté que se vaya, pero tiene un recurso para cuestionar esta decisión'. Es dar los minutos de descuento cuando va perdiendo por goleada. No hay realmente una protección judicial, no hay debido proceso.

¿Qué opinión tiene sobre la acusación constitucional contra los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema?

Me parece que hay una desproporción entre las herramientas que se utilizan frente a alguna reclamación, a propósito de fallos adversos o que uno puede cuestionar. Aquí estamos hablando sobre el otorgamiento de libertad condicional, no ponderando todas las fuentes del derecho. Hay un estándar internacional que no se ha ponderado debidamente en ese fallo. Esa es la discusión en un país que tiene claro que tenemos que regular normativamente esa materia. Pero es un debate jurídico y lo que quedan son recursos jurisdiccionales. Y no porque eventualmente no esté debidamente regulado ese recurso, vamos a utilizar una herramienta que claramente no se condice. Saltar de ahí a notable abandono de los deberes me parece que es un ámbito en que no alcanza el estándar.

El presidente de la Corte Suprema dijo que la acusación afecta la garantía de un tribunal autónomo, ¿coincide?

Hoy día estamos en un debate más bien político de defensa y de ataque. El Poder Judicial se siente atacado en su autonomía, y esa defensa hace que el Parlamento se sienta atacado en su atribuciones. No es que estemos en una afectación del estado de derecho, pero sí hay un tránsito, a propósito de la operación de las instituciones, que se ve afectada.

¿Le parece que la trayectoria de los ministros los blinda de las críticas por estos fallos?

Tenemos abogados de los derechos humanos que se dan cuenta que, en el conflicto actual de vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país, quienes llevan la vanguardia en sentar jurisprudencia son los ministros de la Corte Suprema y, particularmente, de la Segunda Sala. Para quienes nos interesa la mirada de acceso a la justicia de grupos vulnerables y la visión del derecho internacional de los DD.HH., sería negativo que se altere la integración de la Sala Penal. Es indudable. Es ahí desde donde salen los fallos más contundentes desde el punto de vista de garantizar los derechos humanos.

¿Cómo ve el juicio de destitución en contra del fiscal nacional Jorge Abbott?

Si uno se junta o no se junta con personas, hoy día como política institucional me parece que para todos los entes públicos, autónomos o no autónomos que pertenecemos al Estado, la orientación es de total transparencia. Respecto del otro fundamento utilizado contra el fiscal nacional, de dar señales de privilegio frente a ciertos imputados, a propósito que en la cuenta pública señaló que hay que tener especial cuidado en los tiempos en que los fiscales llevan las causas políticas, por cómo incide en imputados que sean miembros del Parlamento. No hay por donde suponer que hay una instrucción de carácter particular o general. Es una opinión y una orientación que él da. No lo está mirando como un privilegio, uno da un ejemplo. Me parece una buena señal de la autoridad del Ministerio Público hacia los fiscales, que se den cuenta de la incidencia que hay, desde el punto de vista social, económico o cultural, que hay detrás de la persecución penal. Eso uno esperaría de un Ministerio Público. Que no vaya como caballo loco, por así decirlo, solamente en su función de persecución.

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