Fraude en el Ejército: ministra Rutherford dicta acusación contra 10 procesados en arista Frasim al detectar pagos por más de $ 2.500 millones por trabajos inexistentes o sin respaldo

La ministra Romy Rutherford.

La magistrada acusó a los procesados por más de 400 facturas emitidas entre septiembre de 2010 y marzo de 2014 que se pagaron usando fondos de la Ley Reservada del Cobre.




La ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford dictó acusación en contra de 10 procesados por falsedad militar, fraude al Fisco y falsedad documental en la arista Frasim del denominada caso Fraude en el Ejército.

La jueza concluyó la investigación en esta arista y logró acreditar, en un primer hecho, un fraude con 409 facturas emitidas a nombre de la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de Chile entre septiembre de 2010 y marzo de 2014, que correspondían a supuestas operaciones con los proveedores Frasim y Tecnometal, por un total de $ 2.500.675.749, por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de realidad y respaldo, con cargo a dineros de la Ley Reservada del Cobre.

Según detallan desde el Poder Judicial, para ejecutar el pago recurrían a terceras personas que creaban documentación de respaldo como actas de recepción, órdenes de pedido, cuadros comparativos de precios y actas de adjudicación, simulando que las operaciones se materializaron y dando apariencia de realidad a las mismas.

De acuerdo a lo indagado por la jueza del modus operandi de los procesados, las facturas y la documentación de respaldo era ingresada habitualmente por mano y sin oficios conductores al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde “ejecutivos de cuentas” definían los decretos supremos a los que se imputaba el gasto y luego se remitían a la Tesorería del Ejército para el pago efectivo, allí recibían un tratamiento especial de celeridad para disponer del pago en el más breve plazo y realizar transferencias de fondos a la cuenta corriente del proveedor. Una vez que éste recibía el pago retiraba el dinero en efectivo y descontando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un 15% de participación o comisión entregaba el resto a un coronel del Ejército quien a su vez distribuía el dinero entre los distintos funcionarios que participaban en la defraudación.

También se procesó por un segundo hecho, relacionado a ocho facturas emitidas en febrero de 2011 por un monto total de $ 27.385.173 que fueron llenadas por supuestas ventas o servicios prestados por la empresa Frasim al Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército.

En un esquema similar al del primer hecho, las facturas ideológicamente falsas con documentación de respaldo también falsificada fueron ingresadas al DPAF y las recibió un ejecutivo de cuenta específico que imputó el gasto a un decreto supremo y las remitió a la Tesorería del Ejército. Ese organismo cursó el pago de las facturas al proveedor quien retiró una parte del dinero y entregó $ 21.500.000 a un empleado a contrata del Ejército quien a su vez las entregó a un suboficial y un cabo que confeccionaron la documentación de respaldo fraudulenta y tramitaron su pago.

Las acusaciones

La magistrada Rutherford acusó al coronel (r) Clovis Alejandro Ignacio Montero Barra, Clovis Montero Barra, otrora subtesorero de la Tesorería del Ejército, como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 2.491.673.098 y falsedad en materia de administración militar.

El suboficial (r) Juan Carlos Cruz Valverde fue responsabilizado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.438.348.448, falsedad en materia de administración militar y falsedad documental.

La retirada sargento segundo Liliana Francisca Villagrán Vásquez fue acusada por fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 981.955.590 y falsedad en materia militar.

Carlos Felipe Frez Ramírez fue responsabilizado de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 629.892.160.

Miguel Ariel Díaz Medina fue responsabilizado como cómplice de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 629.892.160.

Mario Edmundo Barrientos Atala fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.791.979.748 y falsedad en materia de administración militar.

Pablo Rodrigo Cisternas Figueroa fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 227.547.451 y falsedad en materia de administración militar.

Luis Javier Cisternas Angulo fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.215.241.700.

Danilo Orlando Alarcón Báez fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.814.987.370 y falsedad en materia de administración militar.

El suboficial (r) Claudio Andrés González Palominos fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 27.385.173 y falsedad documental.

En la arista Tecnodata III del caso, en agosto del año pasado el retirado coronel Montero había sido condenado a las penas de 541 días de presidio, como autor del delito reiterado de fraude al fisco, y a 5 años y un día de presidio, como autor de falsedad en materia de administración militar. Montero ya había sido condenado en el marco de la arista Tecnodata II, en la que se fijaron 13 años de presidio para el general (r) Jozo Santic.

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