Atentados en La Araucanía subieron un 69% en 2020 y sumaron 122 casos

Se trató de su última cuenta pública, realizada este miércoles luego de ocupar por ocho años el cargo de fiscal regional de La Araucanía. En este marco, Cristián Paredes realizó el balance de lo que fue el trabajo del Ministerio Público en su zona durante 2020 e hizo especial énfasis en los ilícitos que marcaron a la región y dejaron a seis víctimas fatales (cuatro civiles y dos policías): la violencia rural.

“A pesar del estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en todo el territorio nacional desde marzo por el Covid-19, en el periodo se registraron 122 hechos de alta connotación, 50 más que en 2019 (72), lo que representa un incremento de un 69%”, dijo Paredes.

Además, indicó que hubo alzas en atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur y en ataques a unidades policiales.

Respecto de las responsabilidades por estos hechos, Paredes aseguró que “no es serio endosar a la fiscalía o a las policías la resolución de un problema que se arrastra por décadas, que tiene connotaciones políticas, económicas sociales y culturales en la relación que ha construido el Estado de Chile con el pueblo mapuche”.

Asimismo, señaló que es inentendible que estos actos sean legitimados “por algunos sectores como expresión de un conflicto social y que un operativo como el desarrollado por la PDI en Temucuicui trate de ser minimizado en su relevancia o se ponga en duda, enmascarando la actividad delictual de algunos en demandas territoriales. No resulta serio ni responsable que se tejan teorías conspirativas”.

De acuerdo a Paredes, en 2020 fueron condenadas 44 personas por violencia rural, siete de ellas por incendio, robo calificado o robo con violencia. Además, hubo 21 personas que quedaron en prisión preventiva por este tipo de hechos y serán llevados a juicio este año.

El fiscal regional destacó que detectaron delitos comunes en sectores rurales, específicamente el cultivo y tráfico de marihuana en Ercilla.

Además, aseguró que “desarrollamos investigaciones (...) por otros delitos comunes que pueden estar vinculados al fenómeno de la violencia rural, como robo con violencia de vehículos motorizados o hurto de madera”.

En ese sentido, dijo que si bien el allanamiento del 7 de enero en Temucuicui es el que ha tenido mayor repercusión, en el periodo hicieron otras ocho diligencias en Ercilla (una en la misma comunidad de Temucuicui).

Por estos hechos, detalló, detuvieron en total a 24 personas e incautaron 2.686 plantas de marihuana, más de 62 kilos de la droga seca y procesada y más de $ 28 millones: “Solo con las plantas incautadas durante 2020 las personas que se dedican a su cultivo y venta pudieron ganar aproximadamente $ 2.200 millones”.

El diputado Miguel Mellado (RN) indicó, tras el reporte de Paredes, que “queda la sensación, con las declaraciones del fiscal regional, que antes de abandonar el buque tira la pelota al córner para evadir u ocultar la ineficiencia de la fiscalía en la persecución de los delitos”.

En tanto, para el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Alejo Aprais, “la violencia ya está instalada. En 2020 aumentó, aunque estuviéramos en pandemia. Sería iluso pensar que estos son actos aislados o basados en un conflicto”.

Por otro lado, la abogada Manuel Royo -ligada a la defensa de imputados comuneros y candidata a constituyente- indicó que " tiene mucha razón lo que plantea el fiscal regional. Está demostrado que la persecución penal como la criminalización y la presión política no son las herramientas eficaces para poder resolver un conflicto político”.