Bellolio por respuesta de Bachelet a fiscalía: “En un país democrático quien determina las eventuales violaciones a los DD.HH no son expresidentes, son los tribunales”

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet señaló, en respuesta a un oficio enviado por la persecutora Claudia Perivancich, que en el informe que emitió su organismo se había concluido que, a partir del 18 de octubre, se produjeron muchos casos de violaciones graves a los DD.HH en Chile, "incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza".




“En un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son expresidentes, sino que son los tribunales de justicia”. Esa fue la respuesta del ministro vocero, Jaime Bellolio, consultado este lunes por un oficio que respondió de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet a la fiscalía, y en el que afirmó que “a partir del 18 de octubre se produjo un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”

En el escrito, dado a conocer por La Tercera PM, la expresidenta contestó nueve preguntas que la persecutora, Claudia Perivancich, le envió en octubre del año pasado. Perivancich indaga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Chile durante el denominado estallido social de 2019.

La respuesta de Bachelet -en siete hojas- le llegó el 20 de diciembre. Ahí, la exmandataria explicó el rol de la oficina que dirige, cómo fue la visita de una misión de su organismo a Chile y cómo se vinculó con las autoridades del gobierno.

“La oficina regional solicitó, sin éxito, a las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”, dijo sobre la visita que efectuaron comisionados al país, deslizando críticas a autoridades de Interior, Salud y Defensa.

También justificó la labor de la comitiva refiriéndose a “la desigualdad socioeconómica y los obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales (en Chile), la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGTBTI, los casos de corrupción de funcionarios públicos y las penas leves o la impunidad por casos de corrupción; así como las medidas específicas de autoridades a partir del 4 de octubre de 2019, como parte del contexto de la crisis que resultaron en las protestas a partir del 18 de octubre de 2019”.

En referencia al informe y las recomendaciones que lanzó al respecto el organismo que dirige -el pasado, 19 de diciembre-, destacó que “el informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”.

Bellolio, en la vocería realizada esta tarde desde La Moneda luego de un consejo de gabinete encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, agregó que ”en nuestro país hay un orden democrático y por lo tanto eso está en manos de los fiscales y de los tribunales. Y quiero recordar que fue el propio Presidente Piñera quien pidió a la oficina, que hoy día está la expresidenta Bachelet, que concurriera a nuestro país e hiciera un informe, así como también solicitó a otros organismos internacionales”.

Además, agregó que ”todos aquellos ámbitos que tengan que ver con DD.HH para este gobierno son fundamentales porque hay un compromiso clarísimo: nunca jamás se pueden justificar las violaciones a los DD.HH, ni las que ocurrieron en dictadura en nuestro país, ni las que ocurren en las dictaduras en Latinoamérica ni otras partes del mundo y las que puedan ocurrir en el futuro”.

“Ese compromiso en los DD.HH implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia, y esa justicia en un país democrático la hacen los tribunales y no la hacen otras personas”, finalizó.

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