Caso Minvu: proveedores investigados se adjudicaron casi $ 30 mil millones del Fisco

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La Fiscalía Centro Norte. Foto: Archivo

Entre 2014 y 2019 se contabilizaron 700 contratos con 104 instituciones del Estado. El más grande es por $ 6 mil millones. La fiscalía está indagando dos contratos en el Ministerio de Educación y uno adjudicado en 2019 en Presidencia.


Desde que la Fiscalía Centro Norte destapó una presunta red de corrupción en el Ministerio de Vivienda (Minvu), cuatro empresas registradas como proveedores del Estado en la plataforma Chile Compra quedaron bajo la lupa del Ministerio Público. Se trata de Emergya Ingeniería SL Agencia en Chile, G Plus Ingeniería Limitada, Ingenieros Consultores SPA (Consux) y Soluciones Tecnológicas de Negocios Spa (Altiuz).

Luego de solicitar la formalización de 21 personas -entre ellas funcionarios públicos y privados- y conseguir la prisión preventiva para siete de los imputados por presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos, el fiscal Francisco Ledezma está revisando el resto de los contratos de estos proveedores con otros organismos públicos. Para eso, Ledezma está trabajando con funcionarios de Contraloría y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI.

Según los antecedentes de la investigación, las cuatro sociedades cuestionadas funcionaban como "pantalla". Es decir, estos proveedores se adjudicaban los servicios en Chile Compra, pero luego "subcontrataban" a otras compañías, que eran las que realmente hacían los trabajos. Estas dos últimas firmas son Ingeniería y Servicios SpA, cuyo dueño es Willy Conejeros Gajardo, y Fase Ingeniería de Proyectos SpA, la cual era controlada por Mariela Elgueta Rosas.

En el caso del Minvu, el Estado pagaba más de lo que realmente costaba el servicio ofrecido, ya que los proveedores oficiales incluían en su precio el monto que debían pagarles a las empresas subcontratadas. Incluso, las sociedades que sí estaban inscritas en el Convenio Marco recibían ese porcentaje sin realizar ningún trabajo, ni siquiera supervisar a las otras sociedades que "subcontrataban". Este mecanismo -de acuerdo al Ministerio Público- incluía el presunto pago de coimas para asegurar los contratos.

La Tercera solicitó a Chile Compra las adjudicaciones realizadas por estas cuatro empresas desde 2014 hasta 2019 (período investigado por la fiscalía) con otras reparticiones del Estado. De acuerdo a esos datos, las cuatro firmas acumulan un total de 700 contratos con 104 organismos estatales, por casi $ 30 mil millones.

La firma que más contratos tiene es Emergya, que suma 400 órdenes de compra por casi $ 21 mil millones. En relación a las instituciones públicas que más requieren de los servicios de estas empresas, está en primer lugar el Minvu, luego el Ministerio de Educación (Mineduc), la Subsecretaría de Transportes, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (ver infografía).

Entre todos estos contratos, la fiscalía está poniendo atención a dos servicios prestados al Mineduc y uno en la Presidencia. En el primer organismo, el Ministerio Público apunta a un contrato por 216 mil UF (más de $ 6 mil millones) y otro por 34 mil UF (más de $ 950 millones). En Presidencia, en tanto, indagan un contrato celebrado en 2019.

Consultados por este medio, el Mineduc aseguró que han "puesto todos los antecedentes a disposición de la fiscalía para que se investigue a profundidad los contratos con la empresa Emergya". Agregaron que "apenas se tuvo conocimiento de estos hechos, se inició una investigación sumaria y se enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado".

Por su parte, desde Presidencia se explicó que este año "se generaron tres órdenes de servicio" con G Plus. Una de esas compras fue "suspendida de inmediato al momento en que la Dirección Administrativa de la Presidencia tomó conocimiento de la situación judicial de G Plus".

Respecto a los otros contratos, dijeron que uno fue pagado y el otro quedó incompleto: "En cuanto la Dirección Administrativa de la Presidencia fue informada de la situación judicial que afrontaba G Plus, de inmediato se interrumpió el servicio, en concordancia al estándar ético y el pacto de integridad contemplado en bases del convenio marco. De los dos hitos cumplidos, el primero fue pagado por un monto de $ 6.010.797, pero el segundo, por un monto similar, se encuentra retenido".

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