Caso notarios: expertos proyectan contienda por designaciones

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones acogió el jueves el recurso de protección presentado por la abogada María Luisa Lobo Guiñez en contra del contralor Jorge Bermúdez Soto.

En el recurso pidió al tribunal de alzada que declarara como una acción arbitraria e ilegal que el ente contralor no tomara razón de su nombramiento -realizado por el Ministerio de Justicia- como conservadora de bienes raíces y archivero judicial de Alto Hospicio.

Según el fallo de los ministros Hernán Crisosto y Jessica González y del abogado integrante Rodrigo Asenjo, la Contraloría justificó su resolución señalando que su designación "no se ajustaría a derecho", debido a que "en el ítem 'habilidades y destrezas' obtuvo una puntuación de 3.9, quedando bajo el puntaje de corte del concurso". Asimismo, cuestionó que la presidenta de la República de ese entonces, Michelle Bachelet, delegara su nombramiento como conservadora al ministro de Justicia de la época, Jaime Campos.

Sin embargo, los mismos ministros resolvieron que "la recurrente tenía el derecho a ser designada en el cargo, de forma tal que la actuación de la Contraloría General de la República, al no tomar razón del Decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que la nombró en el cargo de Conservadora y Archivera de Alto Hospicio, constituye un cuestionamiento del mérito o conveniencia de su nombramiento".

Asimismo, señalaron que el actuar de la Contraloría "resulta ser ilegal y arbitrario, vulnerando la garantía de la igualdad ante la ley, por cuanto ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias, pues en el caso de la Sra. Lobo, para no tomar razón de su decreto de nombramiento, se ha procedido a efectuar un juicio de sus méritos, que no es el estándar respecto de otros nombramientos".

De esta forma, dice el fallo, se acoge el recurso y el ministro de Justicia (Hernán Larraín) deberá volver a remitir "el Decreto N° 227 de 02 de marzo de 2018 a la Contraloría para su toma de razón".

Para abogados de derecho administrativo, esto puede acarrear una contienda de competencia entre la Contraloría y el Poder Judicial, en relación a los notarios y conservadores que nombró el gobierno de Bachelet y que el ente contralor se negó a tomar razón.

Matías Guiloff, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, dijo que "lo más interesante del caso es que podría generar que la Contraloría llegara a plantear una contienda de competencia. Y de hacerlo, considerando cómo le ha ido en el pasado cuando las ha planteado respecto de recursos de protección acogidos en contra de decisiones relativas a tomas de razón, es posible que le vaya bien".

Luis Cordero, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, indicó que "esto revive una discusión en que en ocho o nueve ocasiones las cortes hicieron algo semejante. Trabó contiendas de competencias en el Senado. En todos esos casos ganó (la Contraloría), y la razón que explica esto es que la toma de razón es una facultad que tiene la CGR en la Constitución. La corte no puede ordenar la toma de razón al ser una facultad privativa".

José Luis Lara, académico de la Facultad de Derecho de la UC, en tanto, señaló que "en el lugar del contralor yo iría al Senado, porque se está produciendo una intromisión respecto a una toma de razón que está contenida en la Constitución".

Agregó que "es importante el fallo, porque si la CGR no va al Senado, se podría venir una serie de impugnaciones por la vía de protección de estos concursos. Incluso, podría ocurrir que en otros casos, particulares o el propio Estado, impugnaran tomas de razón de la Contraloría".