CDE decide aplicar nueva estrategia ante desmanes ocurridos en la crisis social

Uno de los focos de preocupación de las autoridades durante la crisis social fueron los ataques a los cuarteles policiales. Foto: Agenciauno

A partir de la próxima semana se presentarán 15 querellas por ataques a comisarías y otras cuatro por daños a cuarteles. El organismo, además, monitorea otras 13 causas en las que se ha hecho parte por presuntas violaciones a los DD.HH.




A más de siete meses desde que empezaron las manifestaciones por la crisis social, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado -desde el 18 de octubre hasta hoy- 13 querellas por vulneraciones a los derechos humanos y 20 acciones penales por daños a bienes públicos y/o monumentos nacionales.

Ahora, el pleno del CDE tomó un acuerdo que implica un cambio en la forma en que se han enfrentado los desmanes generados desde octubre: el martes pasado, los 12 consejeros del CDE resolvieron que a partir de la próxima semana se interpondrán 15 nuevas querellas por daños a comisarías, y otras cuatro acciones penales por daños a cuarteles militares en Iquique, Copiapó, Valparaíso y Rancagua. Así, sumarán 19 las presentaciones.

En el marco de esta arremetida judicial, presentarán un escrito por los 31 ataques al Cuartel General de la VI División de Ejército en Iquique, ocurridos desde el 19 de octubre. Los daños ascienden a $ 40 millones.

Las comisarías afectadas por las que ingresarán querellas están en Antofagasta, Copiapó, La Ligua, Puerto Montt, Talca, San Fernando, Padre Hurtado, La Cisterna, Renca, Lampa, Pudahuel, Peñalolén, Maipú y Huechuraba. Esta última ha recibido 24 ataques de distinta magnitud.

Según explican desde del organismo, el equipo de coordinación judicial “puso en conocimiento del pleno varios casos que reunían las condiciones para querellarse”. El acuerdo podría ser aplicable en casos de futuros delitos a cuarteles y comisarías, previo análisis en particular.

“Se trata de casos en que no solo se debe hacer un análisis económico del daño (…), sino también la afectación que se está provocando a las instituciones y la sociedad”, indicó el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio.

La autoridad añadió que están actuando así ante “el negativo efecto que este tipo de acciones produce, por ejemplo, en la comunidad donde se encuentra emplazada una comisaría incendiada o dañada, porque ello provoca una sensación de indefensión e impunidad para los responsables”.

Sobre el nuevo criterio del CDE, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que “nos parece una señal positiva que el consejo se haga parte de estas causas, porque cuando se ataca cuarteles policiales se cometen delitos en contra de funcionarios del Estado y, por lo tanto, corresponde que el consejo actúe”.

Además, el CDE ha intervenido en 368 acciones constitucionales -254 recursos de protección y 114 de amparo- con las que se busca impugnar resoluciones adoptadas por autoridades y organismos públicos en el contexto de las movilizaciones sociales.

En 111 acciones constitucionales se busca impugnar declaraciones de estado de emergencia y toque de queda, otras 92 son referidas a daños o perjuicios por el uso de elementos disuasivos como bombas lacrimógenas; en 30 se pidió la protección del Estado para resguardar comercios, y hay otros 135 casos en que se acusaron vicios, impedimentos y faltas al debido proceso en la PSU y el Proceso de Admisión 2020.

De ese total de causas se han fallado 315, de las cuales solo una no ha sido favorable para el Estado. Además, 76 de esos casos se han visto en la Corte Suprema: en 75 oportunidades se confirmó lo decidido en primera instancia y en uno se logró revocar por parte del CDE la sentencia de primer grado.

En los recursos confirmados por la Suprema sobre los toque de queda, el máximo tribunal señaló que las medidas adoptadas por el jefe de la Defensa Nacional se implementaron en el marco de la Constitución. Sobre las solicitudes de resguardo de negocios, la Corte Suprema del país determinó que el Estado ha buscado la protección policial de los recurridos a través de las medidas establecidas en el estado de emergencia.

Avance de los casos

De las 13 querellas por presuntas violaciones a los derechos humanos de parte de carabineros y militares a civiles, hay siete casos formalizados, cinco que no aún no llegan a esta etapa y uno sin información.

Uno de ellos es el caso del estudiante Josué Maureira, en que el CDE se querelló por torturas y se formalizó a seis funcionarios policiales. Otra es la causa en que fueron imputados carabineros de la 55º Comisaría de la Prefectura de Santiago Oriente por apremios ilegítimos, homicidio frustrado y otros delitos en contra de un grupo de personas que se trasladaba en un auto, incluidos menores de edad, durante estado de emergencia decretado en octubre.

Entre las no formalizadas están los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes quedaron ciegos tras recibir el impacto de perdigones y lacrimógenas en sus ojos. Tampoco se ha formalizado el caso del Claudio Muñoz Dorn, por el que el CDE se querelló por torturas en contra de efectivos de la 51º Comisaría Pedro Aguirre Cerda, ni el caso de Álex Núñez, fallecido tras heridas graves provocadas -según investiga la fiscalía- por Carabineros.

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