Comisión de Constitución de la Cámara inició discusión de proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas

"La gente no se explica por qué alguien que es acusado de cometer un delito sí tiene defensoría, pero las víctimas no tienen, estamos corrigiendo eso", destacó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.




La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició este martes la discusión del proyecto de ley del gobierno que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

La propuesta presenta calificación de suma urgencia, por tanto, se dispone de quince días para el trámite.

“Esto es un paso muy importante, hay una demanda por satisfacer inquietudes de resolución de conflictos que no ha sido satisfecha en años. Por eso estamos generando un servicio que va a hacer una gestión unificada y nacional para atender esas inquietudes“, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

“En particular, donde quizás hay más sensibilidad es en el área de atención de las víctimas, porque la gente no se explica por qué alguien que es acusado de cometer un delito sí tiene defensoría, pero las víctimas no tienen, estamos corrigiendo eso y no solo ofreciendo una Defensoría de Víctimas que se hace cargo de la parte jurídica o de asesoría legal, sino que de una atención integral que procure un acompañamiento psicosocial”, agregó el secretario de Estado en un video difundido en sus redes sociales.

Larraín, junto al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, explicaron el objetivo de la normativa a los legisladores en la jornada.

La nueva institucionalidad tendrá que “garantizar el acceso a la justicia, para lo cual deberá otorgar asesoría jurídica a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o se encuentren en situación de vulnerabilidad, y apoyo psicológico y social, en los casos que corresponda, resguardando de este modo la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

La institución será un servicio público y descentralizado, con supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y DD.HH. Estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

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