Conaf y privados evalúan acciones legales contra "cartel de fuego"

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Faasa Chile y Martínez Ridao prestaron servicios aéreos a través de aviones cisterna para la extinción de incendios forestales.

Conaf , CMCP Y Corma analizan denuncia de colusión que presentó FNE.




"Lo consideramos gravísimo, particularmente por tratarse de situaciones de emergencia. Y generar estas conductas frente a eventos tan demandantes es doblemente grave", expresó el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, tras conocerse el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por la colusión de dos firmas de combate de incendios: Faasa Chile Servicios Aéreos Ltda. y Martínez Ridao Chile Ltda.

Según la FNE, las empresas aéreas fijaron precios y condiciones de mercado entre 2009 y 2015, "concentrando prácticamente la totalidad de las ventas asociadas estos servicios".

Esta conducta habría afectado directamente a entidades privadas y públicas, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Celulosa Arauco, Mininco y la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Por esta razón, Conaf declaró que se encuentra "analizando posibles acciones legales pertinentes atendida la gravedad de los hechos y los eventuales perjuicios sufridos por esta institución". También añadió que esta, "en su oportunidad, entregó toda la información requerida por la Fiscalía Nacional Económica, en el marco de la investigación correspondiente".

Luis Felipe Gazitúa, presidente de la CMPC, manifestó que "nuestros abogados están estudiando los antecedentes. Son hechos graves, porque no solamente perjudican a CMPC, sino al resto de la comunidad que nosotros ayudamos. Nosotros combatimos un 50% de los incendios que no están entre los nuestros, entonces esto también es un perjuicio para la comunidad a la cual nosotros servimos".

Por su parte, frente al eventual perjuicio monetario de la colusión para los socios de Corma, Ugarte confirmó que se analiza presentar una querella. "Estos son contratos que hacen directo las empresas con los proveedores de servicios, por lo tanto, si hay perjuicios económicos, van a ser directamente las empresas. Los equipos legales de aquellas están haciendo un seguimiento de este proceso y en el evento de que surjan antecedentes, sin duda que se van a querellar".

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