Crecen denuncias por arriendo ilegal de viviendas sociales en Región Metropolitana

Foto: Referencial

Según una fiscalización del Serviu, esta irregularidad alcanzó su cifra más alta desde 2014, con 520 notificaciones. En los últimos dos años se construyeron 14.135 casas.


Tener la casa propia sigue siendo una prioridad para los chilenos. Y los subsidios del Estado, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), justamente cumplen el rol de ayudar a financiar ese sueño.

Sin embargo, el beneficio no siempre es utilizado correctamente. El Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu) informa que en los últimos cinco años ha recibido 2.309 denuncias por mal uso de las casas financiadas por el Estado.

¿Cómo ocurre esta situación? Desde el organismo aseguran que, muchas veces, son los mismos comités de los conjuntos habitacionales los que reportan los ilícitos. También indican que las notificaciones obedecen, principalmente, a casos en los que “los moradores de las casas no corresponden a quienes se les asignó el beneficio. Es decir, los dueños han hecho un uso ilegítimo de la casa, arrendándola. O bien, el inmueble se encuentra deshabitado”.

¿Es ilegal? Sí. De acuerdo a la normativa, estas situaciones no pueden presentarse antes de que los titulares cumplan cinco años como dueños de las propiedades.

Si bien en los últimos dos años se han construido 14.135 viviendas en la Región Metropolitana mediante programas como el Fondo Solidario, la cifra de denuncias, aunque constituye una proporción menor del total edificado, sigue preocupando a las autoridades. “Nos interesa que quienes reciban sus viviendas sociales sean quienes verdaderamente las necesiten”, afirma el director de Serviu Metropolitano, César Faúndez.

El total de infracciones cursadas es menor al de las denuncias: entre 2014 y 2015, por ejemplo, hubo 889 acusaciones de mal uso de estas viviendas. Todas fueron fiscalizadas en 2016 y fueron cursadas 239 infracciones. En 2016 y 2017, en tanto, el escenario fue similar. De 900 denuncias, 188 fueron infraccionadas.

En 2018 hubo 520 denuncias, “de las que 269 se encuentran con sus visitas terminadas y 251 en proceso”, señala Faúndez. Y de las viviendas ya visitadas, 38 han sido infraccionadas.

Proceso de visitas

El seguimiento de estos casos está reglado en la ley. Por ejemplo, en septiembre de 2018, el Serviu recibió denuncias de ocupación irregular en el proyecto Parque Constancia, en La Florida. Para verificar las acusaciones, los fiscalizadores concurrieron al lugar y solicitaron las escrituras de los inmuebles denunciados. Posteriormente se realizaron tres visitas reglamentarias, las que se llevan a cabo en un lapso de dos meses, y en cada una se deja un aviso de la concurrencia del fiscalizador.

En el caso de La Florida, los documentos fueron concluyentes para el proceso: quienes se encontraban habitando la vivienda no eran sus dueños, por lo que al cumplir con la tercera visita se comenzó con el proceso para sancionar a los beneficiarios del subsidio. Dicha sanción consisten en que la unidad judicial del organismo solicita la devolución del subsidio.

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