Hugo Bustamante no habría cometido el crimen de la joven Ámbar Cornejo si no hubiera recibido la libertad condicional por parte de la Comisión ad hoc que lo benefició en 2016, pero tampoco lo habría cometido si Gendarmería hubiera cumplido con su obligación de denunciar su incumplimiento de firma en 2018 lo que le habría significado, ese año, volver a la Cárcel de Valparaíso.
Ese es uno de los antecedentes que revelará hoy el abogado penalista Jaime Winter quien encabeza la defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso quien es blanco de una acusación constitucional presentada por el diputado RN Andrés Longton y un grupo de parlamentarios que buscan removerla por haber presidido la comisión que hace cuatro años le permitió a Bustamante salir de la cárcel.
El 31 de agosto el tribunal de alzada porteño revocó el beneficio para el imputado, quien hoy permanece en prisión preventiva como único autor del crimen de la adolescente, y aparte de sostener que Bustamante perdió su libertad condicionada por el caso de Ámbar Cornejo detalla que ya en 2018 no se presentó, en dos oportunidades, a firmar como estipula el reglamento del beneficio carcelario del cual gozaba. “Ha incumplido las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, toda vez que durante el período de control presenta dos inasistencias injustificadas al control de firmas; la primera, la semana del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, y la segunda, correspondiente a la semana del 23 al 29 de abril de 2018, según lo informado por la Jefa del Centro de Apoyo para la Integración Social de Valparaíso”, sostiene la resolución.
Este punto será uno de los principales que abordará la defensa de la jueza Donoso, ya que con la respuesta se demuestra -según cercanos a la magistrada- que Gendarmería omitió la denuncia que habría permitido hace dos años revocar la libertad de Bustamante. Esto pues según la ley, si un beneficiado no justifica su inasistencia a una firma ante la entidad penitenciaria, esta tiene un plazo de tres días para dar cuenta de ello a la Comisión ad hoc, la que a su vez tiene 15 días para decidir si mantiene o revoca la libertad condicional. En este caso, revelará la defensa de la jueza Donoso, Gendarmería no advirtió de los incumplimientos del imputado y por ende no pudo revisar su situación, trasladando el cuestionamiento a lo realizado por la entidad penitenciaria.
Todos los documentos serán puestos hoy a disposición de la comisión de la Cámara de Diputados por parte de la defensa de la jueza Donoso.