Defensoría capacita a Carabineros en mejoras de controles de identidad, detenciones y medidas intrusivas

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto al defensor nacional, Carlos Mora.

A un año de implementada esta colaboración, 3.200 carabineros han sido capacitados en aspectos del derecho penal, derecho procesal y derechos humanos por abogados de la Defensoría, como parte de la reforma a la institución.




En enero de 2021 se firmó un importante convenio entre Carabineros y la Defensoría Penal Pública para que abogados de la entidad dependiente del Ministerio de Justicia capacitaran a los policías en distintas áreas del sistema de justicia penal.

Ello, como parte de la reforma de la policía uniformada, que comenzó su camino tras el caso Catrillanca y se vio empujada tras los casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

A un año de implementada esta colaboración, 3.200 carabineros han sido capacitados por parte de abogados de la Defensoría. La idea, cuenta en la institución, es avanzar en una policía más moderna, que perfeccione su servicio en las distintas comisarías del país.

Del total de carabineros capacitados, 11 fueron oficiales y el resto, funcionarios institucionales provenientes de la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar), Escuela de Especialidades de Carabineros (Esespecar) y de Escuela de Suboficiales de Carabineros (Esucar).

Los contenidos que se instruyeron en derecho procesal penal se centraron en aquellos que guardan relación con el quehacer policial como el control de identidad, detención y medidas intrusivas, entre otros.

En lo que respecta al área de derechos humanos, se abordaron temáticas relevantes tanto para el quehacer policial como para la defensa de personas detenidas en cuarteles policiales, como lo son los estándares de DD.HH en materia de detención y prisión preventiva, además de aspectos vinculados a la prohibición de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.

En derecho penal, en tanto, los contenidos impartidos por los funcionarios de la Defensoría se enfocaron en los delitos de mayor ocurrencia, tales como delitos sexuales, contra la propiedad, contra la vida, delitos de ley de drogas y de ley de tránsito. También hubo un refuerzo especial en delitos relevantes al actual contexto sanitario -Art. 318- y sociales (vinculados al estallido social). Al respecto, el énfasis fue el cómo abordar tales delitos, la importancia de detener en flagrancia, los derechos de los detenidos y el cómo los tribunales pueden decretar la ilegalidad de las detenciones.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, explicó que “estos primeros resultados del convenio suscrito con la Defensoría son un hito, es prueba de nuestra reforma y de cómo estamos avanzando en sintonía con las necesidades de la sociedad. Hemos fortalecido el derecho a defensa de los Carabineros en ejercicio de sus funciones, ha permitido una mayor transparencia en nuestros procedimientos, pero también, gracias a la Defensoría, hemos participado de importantes capacitaciones para, de esta forma, ser mejores profesionales de la seguridad pública en directo beneficio de la comunidad. Esto es la modernización y es el camino que hoy recorremos como Carabineros de Chile”.

Otro de los aspectos fundamentales del acuerdo entre ambas instituciones es la implementación de un sistema de turnos de defensores penales públicos en unidades policiales con la finalidad de entrevistar a las personas detenidas en los cuarteles y asegurar el cumplimiento de sus derechos y garantías. En una primera etapa, este segundo punto se desarrolló mediante un programa piloto implementado en comisarías de siete regiones del país, entre julio y diciembre de 2021.

Según explicó el defensor nacional, Carlos Mora, para este año se evalúa seguir reforzando el trabajo de colaboración en el ámbito de las capacitaciones, ya que es una herramienta que aporta al trabajo policial y de la defensa penal pública, lo que se traduce en el mejor resguardo de los derechos de los ciudadanos a quienes se les imputa un delito. Mora agregó que “estas actividades refuerzan otro aspecto del convenio, que permite el trabajo de los defensores penales públicos en las unidades policiales, lo que permite mejorar la calidad de la defensa, evitar situaciones de abuso y mejorar la percepción del sistema de justicia penal”.

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