Especialistas en DD.HH. suman apoyos a la Suprema

Luego de que la Cámara de Diputados notificara formalmente a los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la acusación constitucional en su contra, por notable abandono de deberes, sus defensas comenzaron a preparar la respuesta al Congreso, que debe ser entregada hasta el 10 de septiembre próximo.

En paralelo, la acusación suma detractores, inclusive en el mundo de los derechos humanos, donde 32 profesionales, entre abogados, docentes, periodistas y sociólogos, firmaron hoy una carta en apoyo a la labor de los ministros.

El escrito rechaza las libertades condicionales otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad, "por vulnerar las normas y estándares que impone el derecho internacional de los derechos humanos para este tipo de delitos", pero también llaman a no "desatender la trayectoria de los ministros acusados".

"Estimamos que han ejercido con dignidad, probidad y un claro compromiso con los derechos humanos sus funciones como ministros", explicó el abogado Roberto Celedón, uno de los firmantes del documento.

La carta recuerda la contribución de los magistrados en la "incorporación del derecho internacional", en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, al no aplicar la amnistía ni la prescripción.

"La gente cree que ha sido fácil encontrar ministros que apliquen el derecho internacional en los casos de derechos humanos, y no es así", añadió el jurista Nelson Caucoto, quien también suscribe la misiva.

En la misma línea, su colega Alberto Espinoza, defensor de la exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Marcela Mardones, cree que si bien los jueces cuestionados abandonaron en la fase de ejecución (cumplimiento de sentencia) la aplicación del derecho internacional, esto es "excepcional y los ministros deben hacer ejercicios reflexivos internos de cómo aplicar el derecho internacional (también en) la ultima etapa".

La carta emplaza al Ejecutivo y Legislativo a legislar en la materia, "reformando toda ley que obstaculice, perjudique o impida el cumplimiento de las obligaciones que impone al Estado de Chile el derecho internacional de los derechos humanos".

En este sentido, el abogado Alberto Espinoza considera que "hay mayoría parlamentaria suficiente para transformar en ley una norma como esta".

"Aquí hay una tarea para los poderes Ejecutivo y legislativo, porque no hemos modernizado nuestra legislación", que es de 1925, agregó Caucoto.

"Esperamos que los actores políticos involucrados no dejen de explorar todas las vías necesarias para concretar de manera permanente los cambios que otorguen certeza jurídica y que garanticen eficazmente un avance en verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición", dice el escrito.