Estafados por Garay rechazan acuerdo y caso llegará a juicio

El destino judicial de Rafael Garay Pita quedó en la incertidumbre, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía rechazara la propuesta de juicio abreviado impulsada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. A través de esta vía, el Ministerio Público buscaba finalizar la causa de estafa reiterada que pesa sobre el mediático ingeniero comercial.

La resolución adoptada obliga a Garay, acusado de defraudar a 29 personas por más de $ 1.000 millones, a enfrentar un juicio oral. Esta instancia abre una serie de posibilidades respecto del término judicial, lo que no ocurriría con la opción que buscaba el fiscal José Morales. El persecutor reconoció a Garay las atenuantes de irreprochable conducta anterior y que aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que iba a pedir al tribunal una pena de cinco años y un día de presidio.

No obstante, todo ello quedó en nada luego de que en la audiencia se desestimara la propuesta y se cediera a la postura de los querellantes. Esta fue casi unánime: no conceder beneficio a Garay e intentar lograr una pena efectiva contra el ingeniero, quien ha permanecido 14 meses en prisión preventiva, luego que Rumania lo extraditara el 16 de marzo de 2017.

"Dada la percepción social que dejó el delito, se logra un poco de justicia al lograr llevar el procedimiento a un juicio oral. Elimina un poco la sensación de impunidad", señaló Rodrigo Duarte, abogado representante de 14 de las 29 víctimas.

A la fecha, Garay -quien obtuvo notoriedad pública tras aparecer en diversos medios dando consejos sobre finanzas personales- ha reintegrado $ 5 millones a los afectados. De ellos, $ 1 millón recayó en Víctor Mellado, trabajador pensionado que invirtió en la empresa del imputado los $ 15 millones que recibió como indemnización a causa de un grave accidente laboral que lo dejó con gran parte de su cuerpo quemado.

María Elena Santibáñez, abogada de la Clínica Jurídica UC y representante de Mellado, fue la única querellante en apoyar la posición de Morales, al enfatizar que proseguir hasta un juicio oral solo significará más gastos para su representado y para el propio Estado, en un caso que consideró "quizás termine con penas inferiores a las solicitadas hoy".

La venta de la oficina donde operaba la empresa de Garay, en el barrio Bellavista de Santiago, es la última pertenencia tangible que le quedaba. Vendida esta propiedad, y luego de saldar deudas hipotecarias, se espera que aproximadamente $ 15 millones se transfieran a la fiscalía para luego recaer en el grupo de estafados.

Sin embargo, estos montos poco parecen conformar. El exfiscal nacional Sabas Chahuán, y representante del periodista Iván Núñez y su esposa, Marlenne de la Fuente, además del empresario dueño de lavanderías Elías Azar, aseguró que hoy en día "no están las cosas para un juicio abreviado". Se podría revaluar la determinación de los querellantes, estimó, "solo si se modificaran los antecedentes de la investigación, hubiera una reparación verdadera del mal causado o alguna diligencia en ese sentido".

Desde el Ministerio Público, Morales descartó que la decisión judicial signifique un "revés" para sus aspiraciones en el caso. "La tesis de la fiscalía la ha ratificado el tribunal. Por razones de economía procesal podría establecerse una pena de cinco años privativa de libertad, pero en un juicio oral la pena que podría dictaminarse excede los cinco años", advirtió. Así, la sentencia podría elevarse hasta los 10 años de reclusión.

Para Daniel Celis, abogado de Garay, si se tratara de un caso de justicia civil coincidiría con la exigencia de los querellantes, al asegurar que en aquel ámbito se requeriría una reparación real. No obstante, indicó que el escenario es diferente al ser una causa penal. "Aquí se habla de procurar reparar. No tiene que ver con la cantidad, sino con la capacidad económica del imputado", dijo. En este sentido, resaltó que Garay no tiene más recursos ni propiedades.