“Los extranjeros participan poco en delitos y, más aún, su participación relativa ha venido cayendo en los últimos años”. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega el capítulo “Inmigración y delincuencia: Un problema acotado”. El estudio es parte de la segunda edición del libro del Centro de Estudios Públicos (CEP) llamado Inmigración en Chile: Una mirada multidimensional, que será lanzado este martes.
El capítulo, escrito por los autores Nicolás Blanco, Loreto Cox y Valeria Vega, utilizó datos facilitados por la Defensoría Penal Pública (DPP) para causas cerradas entre los años 2006 y 2018. Blanco explica el principal hallazgo del análisis realizado: “El objetivo de esta investigación consistía en revisar este mito que asocia a los migrantes con la delincuencia, con el objetivo de poder desmentirlo o corroborarlo a la luz de la evidencia de los datos, y lo que encontramos fue que efectivamente es falso”.
El texto explica que “el gran flujo de inmigrantes al país en los últimos años no ha venido acompañado de un aumento en su participación en delitos, sino lo contrario” (ver infografía). En esa misma línea, los autores señalan que “los datos para Chile son contrarios a la creencia, extensamente compartida, de que los inmigrantes elevarían los índices de criminalidad: los extranjeros en Chile participan poco en delitos y, es más, su participación ha venido cayendo en años recientes”.
El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, comenta estos hallazgos. A su juicio, “si los datos muestran lo contrario a la percepción, debemos preguntarnos por qué existe ese mito”. Vicuña considera que “distintas autoridades públicas han relacionado una y otra vez la migración con delincuencia o cuando hay algún hecho delictual, medios de comunicación señalan la nacionalidad de quien lo comete como algo primordial”.
Esto, plantea el sacerdote, “ocurre en Chile y en el mundo, entonces se va tejiendo un relato que erróneamente relaciona algo que no existe: vínculo entre migración y delincuencia”.
En esa misma línea, el jefe de la unidad de Defensas Especializadas de la DPP, Pablo Aranda, dice que las conclusiones a las que llega el CEP son una “confirmación de lo que hemos venido sosteniendo desde hace años”, ya que “nuestras cifras nos indican que si bien la proporción de imputados ha subido en los últimos años, sigue siendo muy baja, ya que en 2019 alcanzó el 4% del total de imputados que atendimos”. En esta misma línea, afirma que la mayoría de los casos por los que los migrantes son detenidos “son por delitos de baja penalidad”.
“Esta idea de la migración vinculada a la criminalidad no es más que un estereotipo que debemos combatir, pues genera una estigmatización y discriminación. Por lo que resulta muy peligroso utilizar esta idea a la hora de establecer una política migratoria, ya que no se trata de cuestiones que estén intrínsecamente relacionadas”, finaliza Aranda.
Tráfico de drogas
Otra de las conclusiones del estudio del CEP es que la excepción a la baja participación de inmigrantes en delitos son aquellos relacionados a la Ley de Drogas. “Los extranjeros están sobrerrepresentados en delitos de drogas, en casi tres veces entre las imputaciones y en más de cuatro veces en el caso de las condenas”, afirman los autores.
Sin embargo, también agregan que “en cualquier caso, la concentración de extranjeros en delitos de tráfico de droga y en el norte no ha crecido más allá del aumento reciente de la población extranjera”. En esa misma línea, dicen que este es un “problema acotado” y que está fuertemente concentrado en el Norte Grande.
En la DPP están conscientes de este fenómeno. “Efectivamente, entre los delitos por lo cuales son detenidos los extranjeros, los que se encuentran contenidos en la Ley de Drogas es uno de las causas principales. Con todo, estos casos constituyen una proporción cercana al 10% del total de estos delitos”, dice Pablo Aranda.
El abogado añade que esto “responde a un fenómeno criminal muy focalizado que tiene que ver con el uso de los pasos fronterizos con Perú y Bolivia para el tráfico de drogas”. Plantea que en este contexto, las organizaciones criminales utilizan personas, especialmente mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad social o económica, para ingresar droga al país.
“La prevención de estos delitos exige una política de colaboración interestatal más que un sistema penal represivo para los extranjeros”, concluye Aranda.