Fiscales, jueces y defensores públicos rechazan indicación parlamentaria que rebaja sus sueldos

Justicia, juez

Imagen referencial: Agenciauno

Organizaciones gremiales, en un comunicado conjunto, señalaron que "el actual momento constitucional hace necesaria una reflexión profunda acerca de estos eventuales cambios, e inoportuna cualquier modificación apresurada. Esto como una forma de garantizar la independencia judicial y la autonomía con que deben ejercerse estas funciones".




Ayer, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó, en forma unánime, la rebaja de 50% en dietas de autoridades del Gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Sin embargo, la iniciativa también determina que el Banco Central sea el que fije las remuneraciones de otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio gobierno y el Tribunal Constitucional.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Fiscales y la Asociación de Defensores Penales Públicos, manifestaron su preocupación por esta iniciativa.

En un comunicado conjunto, estas las organizaciones dicen estar "conscientes de la realidad actual y especialmente sensibles a las causas que han motivado las movilizaciones sociales", sin embargo, dejan ver su "preocupación por la evolución que iniciativas fundadas en una eventual reducción del ingreso que perciben ciertas autoridades -sobre base de criterios de austeridad- alcancen también a quienes desempeñan funciones con características que se alejan de las que cumplen parlamentarios o funcionarios de la administración del Estado, sin un estudio detenido de tales elementos".

"Creemos que por lo mismo que el actual momento constitucional hace necesaria una reflexión profunda acerca de estos eventuales cambios, e inoportuna cualquier modificación apresurada. Esto como una forma de garantizar la independencia judicial y la autonomía con que deben ejercerse estas funciones", agregan.

Las organizaciones sostienen que son partidarios de la creación de un sistema "que libere de injerencia política la determinación, modificación y reajustabilidad de las remuneraciones del Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría, bajo parámetros objetivos y razonables, proceso en el que debemos ser oídos".

Más temprano, la Corte Suprema también salió a manifestar sus reparos contra la iniciativa emanada desde el Congreso. Su vocero, Lamberto Cisternas, indicó tras una reunión del pleno del máximo tribunal que "más allá de la implicancia en la vida familiar de nosotros, en función de los ingresos que recibe cada familia, se ha puesto de relevancia la importancia que tienen para el Poder Judicial, la independencia de los jueces y una de las bases es su esquema de remuneraciones (…) una baja significa atentar contra la independencia de los jueces y su inamovilidad, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia y pueden dejar otras tareas por la labor privada, a buscar otros ingresos y esto puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos puertas para situaciones indebidas".

Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, también se manifestó contrario a la indicación: "Esperamos que en el trámite legislativo se corrija".

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