El Ministerio Público tomó la decisión de abrir una investigación penal por el caso del bono de clase media. Esto, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) informara que unos 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de solicitar ese beneficio y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido.
Por eso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ofició a inicios de octubre al director del Servicio de Impuesto Internos pidiendo el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones. Esa vez el Ministerio Público informó que la indagatoria podría ser por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros ilícitos.
La decisión se tomó hoy y se designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, a cargo del caso. La persecutora deberá tomar decisiones respecto de cómo será la persecución penal. Esto, debido a que conocedores del asunto aseguran que el primer objetivo será conseguir que las personas a quienes no les correspondía el beneficio puedan devolverlo.
De hecho, luego de que se diera a conocer la información del SII algunas personas se han autodenunciado, algunos ya iniciaron el proceso de devolución y otros también han pedido al SII que reconsidere sus datos de las remuneraciones. Esto, debido a que las casi 500 mil personas fueron notificadas por correo electrónico.