Formalizan a Marcelo Vásquez, exministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua: Quedó con firma mensual y arraigo nacional

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La Fiscalía Sur le imputó al removido juez los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado, negociación incompatible y fraude procesal.


Esta mañana se llevó a cabo la formalización del exministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, quien está siendo investigado por delitos contra la probidad y quien ya fue removido del Poder Judicial hace un par de meses.

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La imputación de cargos, encabezada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, se realizó en el Juzgado de Garantía de Rancagua. En la instancia, se detallaron cuatro hechos por los que formalizó al exmagistrado. En primer lugar, se le acusa de negociación incompatible al designar a su hija, también imputada en esta causa, en el cargo de consejera técnica del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, mientras él ejercía como presidente del tribunal de alzada rancagüino.

Además se le imputa el delito de incremento patrimonial injustificado, debido a que registra ingresos bancarios de $44.716.906 entre 2016 y 2018 que no han podido ser respaldados, a juicio del Ministerio Público.

También fue formalizado por el delito de tráfico de influencias. Según la ficalía, entre 2016 y 2017 realizó diversas conductas para asegurar que si hija fuera "sistemáticamente nombrada en el cargo de consejera técnica en varios tribunales de la sexta región". Además ejerció influencia en el otro juez de la Corte de Rancagua expulsado del Poder Judicial, Emilio Elgueta, que procedió a dictar resoluciones mediante las cuales se nombro en dicho cargo a su hija.

Finalmente se le inculpa fraude procesal, delito que se habría configurado luego que Vásquez dilatara el embargo de una propiedad de Carlos Alarcón, también imputado en esta causa. De acuerdo al relato del Ministerio Público, Vásquez se habría coordinado con los abogados Pablo Latorre, Gabriel Henríquez, y Rafael Ulloa para llevar a cabo dicho plan.

Finalmente, el tribunal determinó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Además se decretó un plazo de investigación de seis meses.

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