Formalizarán a Dávalos y Compagnon por presunta copia de ocho informes

El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, imputará que Caval vendió al empresario de Rancagua Gonzalo Vial documentos de Cochilco.


El matrimonio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon volverá a encontrarse con el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en un tribunal. En esta oportunidad, la pareja será formalizada por la presunta copia de ocho informes, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por la supuesta estafa que la firma Caval realizó al empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha.

Durante la tarde de este miércoles, el Ministerio Público de O’Higgins decidió imputar a Dávalos -hijo de la expresidenta Michelle Bachelet-, Compagnon y su socio, Mauricio Valero, por su presunta responsabilidad penal por la copia de informes a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Según la fiscalía, se tomaron documentos de la página web de esta entidad y, posteriormente, habrían sido vendidos a Vial en 2012 como un estudio propio.

Arias, según se explicó, los formalizará por el Artículo 79 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. Este ilícito dice relación con “el que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto”.

El cuerpo legal establece que las sanciones pueden ser de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (de $ 466.920 a $ 46.692.000).

El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la solicitud de formalización y fijó audiencia para el 13 de julio, a las 10 de la mañana.

El viernes pasado, la fiscalía pidió ampliar la investigación por estafa por 60 días más, pues restaban antecedentes que pesquisar. El tribunal solo permitió extender la indagatoria cinco días y habría fijado para este viernes el cierre de la investigación.

La defensa

El abogado de Sebastián Dávalos, Carlos Fierro, manifestó que “esto responde plenamente al deseo de la fiscalía de mantener este caso abierto, para posicionarse en forma pública y comunicacional. Es inexplicable que hayan solicitado ampliar por 60 días, le dieron cinco, y el mismo día que esto vencía, piden la formalización de manera dañosa y artificial. Hay un empecinamiento con la figura de Sebastián Dávalos Bachelet, toda vez que en todos los intentos de la fiscalía contra mi representado finalmente ha fallado, y los tribunales nos han dado la razón”. Además, destacó que su representado no está sujeto a ninguna medida cautelar.

Fierro descarta la copia de los informes y, más aún, que exista una responsabilidad de su representado en eso.

En esa misma línea, el abogado de Mauricio Valero, Felipe Jiménez, señaló que “los informes no fueron vendidos ni copiados, pues en todas partes sale quién los hizo, hay una carátula, pero los informes aparecen con la fuente. Incluso, hay uno de estos informes que es el Código Minero, por eso no tiene sentido esta imputación”.

Jiménez añadió que “otro factor que llama la atención es que justo cuando estaba todo listo para cerrar este caso, ahora la fiscalía llega con este requerimiento para formalizar, por un delito que tiene pena de multa”.

La primera audiencia

Dávalos, Compagnon y Valero ya habían sido formalizados por la presunta estafa a Gonzalo Vial Concha. Esto ocurrió el 28 de marzo, cuando el persecutor les presentó cargos asegurando que Caval fue contratada para realizar un asesoría minera, cobró $ 1.200 millones, pero el trabajo nunca se realizó.

Además, en dicha audiencia el Ministerio Público imputó a Caval maniobras “engañosas” sobre un presunto hackeo que acechaba al empresario de Rancagua. “¿Quién es la persona encargada de revisar los informes que hacía Caval en relación a este tema? El señor Sebastián Dávalos”, expuso esa vez la fiscal Marcia Allendes.

Los imputados rechazaron cualquier tipo de delito asociado al trabajo que Caval realizó con Gonzalo Vial, pues argumentaron que se entregaron informes sobre la base de información pública y disponible para terceros.

Consultada la Fiscalía Regional de O’Higgins, declinó referirse a esta nueva solicitud de formalización.

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