El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió esta mañana a los ocho detenidos por amenazas a la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong.

La investigación dirigida por el fiscal regional Centro Norte (s) Francisco Jacir determinó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago diera curso a las órdenes de detención en contra de las personas que el 6 de octubre pasado se dirigieron hasta el domicilio de la investigadora, en la comuna de Providencia, y le dejaran una carta en la que se explicitaban amenazas de muerte.

Todo esto, según antecedentes de la indagatoria, motivados por la audiencia que protagonizó Chong días antes, cuando formalizó al entonces carabinero Sebastián Zamora por haber impulsado a un adolescente al río Mapocho en medio de protestas.

Los ocho imputados -Gabriel Jara Vivanco, Daniel Goldberger Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Díaz Valdés, Benjamín Zaragoza Wotherspoon, Pablo Martínez Castro y Fernando Hasler Martínez- fueron formalizados ayer en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por los eventuales delitos de amenazas, tenencia de armamento prohibido de uso bélico y por el ilícito de tenencia de municiones. La audiencia tuvo un receso y continúa hoy a las 9.00.

Galli, en radio Cooperativa, condenó los hechos y se refirió a las armas encontradas en uno de los domicilios allanados. “El armamento era principalmente de fogueo. Sí lo que es preocupante es una subametralladora 9 milímetros, que es un armamento prohibido en nuestro país, por lo tanto van a tener que responder por ley de control de armas esas personas”.

Los utensilios que tenían no eran de gran importante, salvo esta subametralladora UZI que es un arma prohibida. Lo relevante aquí es que la investigación se lleve adelante, lo importante es que se determine cuál era la responsabilidad de estas personas y además con qué habían amenazado y cuál eran las acciones que estaban en condiciones de tomar”, añadió sobre ese punto.

La subametralladora 9 mm, encontrada en la casa de uno de los imputados.

Galli agregó que el hecho “es preocupante por supuesto. Es algo que nosotros hemos sostenido permanentemente. Desde el año pasado hemos visto que distintas autoridades se han vistas expuestas a amenazas ya sea a través de redes sociales o algo bastante más concreto como fue lo que afectó a la fiscal Ximena Chong”.

Es inaceptable por una simple razón. La democracia y el Estado de derecho se basa en que aquellas personas que tienen que tomar decisiones, a veces muy difíciles (...), lo tienen que hacer para que una democracia funcione y para que el Estado de derecho rija plenamente. Lo tienen que hacer libre de amenazas”.

Gobierno anuncia querella

Horas después de estas declaraciones y tras la polémica generada por la utilización del termino “utensilios”, el gobierno salió a anunciar que se querellaría por ley de armas en contra del dueño de la UZI.

“Como gobierno hemos decidido iniciar acciones legales, presentar una querella criminal por Ley de control de armas, en contra del poseedor de esta arma de fuego, con penas que son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico que van de 3 años y un día a 10 años de prisión para aquellas personas que sean responsables de tener o utilizar armas de fuegos prohibidas en nuestro país”, indicó Galli.

Consultado por sus dichos sobre los “utensilios”, el subsecretario se limitó a contestar que las amenazas contra Chong “son graves, condenables y afectan seriamente el Estado de derecho. Por eso mismo quise distinguir entre la gravedad de un arma de fuego y aquellas otras elementos que se detectaron, como eran cascos que asimilaban cascos balísticos o armas a fogueo, que claramente son de menor gravedad que el arma de fuego detectada y pro la cual nos estamos querellando”.

Sus palabras generaron diversas críticas en la oposición, sector desde donde salieron a cuestionar sus dichos.

“Si es en la Araucanía y son mapuches: armamento de guerra. Si es en el barrio alto de Santiago y son de derecha: Utensilios. El combate a la violencia del gobierno también tenía letra chica, la exención por afinidad ideológica”, sostuvo el senador PPD Jaime Quintana.

La presidenta de RD, diputada Catalina Pérez, indicó, en tanto, que “un grupo de ultra derecha amenaza de muerte a una fiscal, el gobierno no se querella, Galli le baja el perfil porque solo tenían utensilios de poca importancia (y una ametralladora). Todo muy normal”.

El presidente del PPD y precandidato presidencial, Heraldo Muñoz, declaró que “Galli explica que detenidos por amenazas a fiscal Chong tenían “utensilios” no de gran importancia. Un “utensilio” incautado es un arma de guerra que tiene alcance de 200 metros y 600 disparos por minuto. Hay que defender la democracia contra los violentos, sin eufemismos”.

El jefe de bancada de los diputados dicha tienda, Raúl Soto, también se sumó a las críticas: “Es grave que subsecretario Galli baje el perfil a una amenaza de muerte a fiscal Chong de esta manera. No eran utensilios eran armas de guerra. Acá esta en juego el estado de derecho y su deber es protegerlo con convicción aunque sean grupos de derecha. ¡La parcialidad es brutal!”.

Mientras que el diputado RD, Jorge Brito señaló que “para Galli un profesor que golpea con sus manos un torniquete es una amenaza al país, pero sus amigos del Rechazo que amenazan de muerte a una fiscal no lo son. Lo hemos visto más preocupado de las cacerolas en una plaza, que de los utensilios. Una UZI eso tenían”.