La tarde de este lunes 7 de marzo, la Corte Marcial decidió acoger la solicitud ingresada el pasado jueves 3 de marzo por el ahora excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. El exalto oficial consiguió poder declarar en su domicilio, como lo había solicitado por tener fuero, y para eso tuvo que recurrir a los superiores de la jueza cuando ésta le negó dicha petición. Esta misma tarde tuvieron lugar la audiencia de alegatos en la sala de la Corte Marcial y con la cual su defensa, Juan Carlos Manríquez, buscaba también impedir que se dictara una orden de detención en contra del exuniformado, toda vez que no se presentó a declarar ante la jueza el jueves pasado, como estaba presupuestado.

La audiencia fue presidida por el ministro Juan Manuel Muñoz y estuvo integrada por los ministros Hernán Crisosto, Isaías Martínez (Ejército), Francisco Costa (Armada) y Jaime Elgueta (Carabineros).

El recurso presentado por la defensa de Martínez solicitaba, a través de un amparo, que no se pudiera dictar una eventual orden de detención por parte de la jueza Romy Rutherford ante la inasistencia a declarar por parte de Martínez. Sin embargo, esa solicitud no fue acogida por la Corte Marcial, así como tampoco el requerimiento para realizar su interrogatorio junto a su abogado.

En concreto, solo fue acogida la solicitud para que el excomandante en jefe pueda declarar en su domicilio, el cual fue fijado por su defensa en la residencia que usan los jefes del Ejército, en el sector de Lo Curro, en Vitacura.

Según los alegatos de la defensa de Martínez, la magistrada hizo una interpretación errónea de la norma al no querer recurrir al domicilio de Martínez para tomar su declaración en calidad de inculpado. Para eso, Manríquez argumentó, a través de la Ley 18.172, en su Artículo 3º, la cual señala, según sus alegatos, que hasta el 30 de marzo el general puede hacer uso de la vivienda fiscal en la que hoy habita y en la cual puede realizar su declaración en calidad de exgeneral.

“La misma norma que hoy día sería facultativo aplicar a mi cliente no quiere ir al domicilio oficial faltando a la ley expresa y, en consecuencia, generando con eso una incomparecencia que pudiera ser incluso sujeto de un apremio, como una orden de detención fuera de la ley”, señaló el defensor del exgeneral a la salida de la audiencia.

En cuanto a la petición de declarar en su casa y no en el tribunal, la medida fue apoyada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que obra como querellante en el caso, sin embargo, advirtió que no sea en el inmueble militar que actualmente usa el excomandante en jefe, en Lo Curro. “Deberá declarar en su domicilio o morada particular cuya individualización deberá ser proporcionada al efecto”, expuso el organismo.

Además, según la defensa, el general “no está pidiendo ningún trato especial; ningún capricho”. Finalmente, adelantó que “no va a declarar hasta que estén dadas las condiciones de legalidad y conforme al debido proceso seguiremos adelante en ese mismo plano”, finalizó Manríquez en su comparecencia ante la prensa.

A través de un informe presentado el pasado 5 de marzo, la ministra en visita Romy Rutherford entregó sus argumentos ante el amparo presentado por la defensa de Martínez. La jueza comienza explicando que las solicitudes que realizó el abogado del oficial las hizo un día antes de la fecha estipulada para que el exgeneral Martínez declarara. En esa ocasión, la magistrada solo decidió aceptar el acceso a las copias del expediente, las que, según señala en su escrito, aún no han sido retiradas, ni tampoco revisadas en el tribunal.

Además, según señala en el documento, el día en que Martínez estaba citado a declarar, su defensa presentó un escrito de reposición, pero “no justificó de manera alguna la incomparecencia de su representado”. Más adelante, Rutherford acusa que el defensor “no desconoce ni controvierte la aplicación de la norma (...), en cambio, y a través de una incorrecta analogía trata de desvirtuar o dar visos de aparente ilegalidad y/o arbitrariedad a tal resolución”.

Rutherford expuso ante el tribunal que la residencia donde fijó domicilio Martínez es un recinto militar, por lo cual el acceso a él no entrega garantías que aseguren la diligencia.

Además, la ministra asegura que se daba por entendido que el general Martínez estaba dispuesto a concurrir voluntariamente a prestar declaración, la que habría sido ratificada en una audiencia del 1 de marzo, día en el que Manríquez se reunió con la jueza y le confirmó la disposición a colaborar de su cliente. Luego, la magistrada recuerda que durante la Cuenta Pública del Ejército, el mismo Martínez aseguró que se sometería a la justicia militar, “cuestión que en la práctica no cumplió”, apunta la jueza.

Ante la amenaza a la “libertad y seguridad” que señaló la defensa del exgeneral, en el mismo escrito asegura la ministra que los argumentos anteriores, “malamente pudieran estimarse que se encuentre ilegalmente perturbada y/o amenazada la libertad personal del amparado como infundadamente asevera el abogado”.

En el mismo informe, Rutherford acusó que Manríquez “falta a la verdad cuando afirma tener conocimiento restringido y parcial del cuaderno denominado Empresas de Turismo, donde fue citado Martínez Menanteau”. Esto, ya que en abril de 2019 “se otorgó conocimiento parcial del sumario, restringiéndolo a las piezas que decían relación con su representado de la época”.

Respecto de la declaración en el domicilio del inculpado, la magistrada explica las razones por la que se tomaron interrogatorios a dos generales en sus domicilios anteriormente, y que fue uno de los argumentos con que Manríquez fundó su solicitud para solicitar que se accediera a audiencia esta tarde. “Se desconoce si el domicilio asignado reúne las condiciones de resguardo que se requieren para llevar a cabo la diligencia indagatoria”, advirtiendo que se trata de un recinto militar.

Finalmente, Rutherford señala que la intención detrás de esta “artera e infundada acción no es prevenir una vulneración ilegal de garantías constitucionales, pues ha quedado en evidencia el apego a la normativa vigente”. A lo que agrega que con estas acciones “solo se ha buscado dilatar artificiosamente la comparecencia del inculpado utilizando, en forma abusiva, herramientas procesales tendientes a mover innecesariamente el aparato jurisdiccional”.

Ante este informe, el defensor Manríquez sostuvo que “no ha entregado ningún antecedente nuevo para resolver el asunto, por el contrario, se debió en 16 imputaciones personales a la defensa que nosotros consideramos hacen perder toda objetividad al tribunal al desviar una discusión jurídica a un tema pasional que, en definitiva, lo que hace es restarle el carácter de un tribunal natural e imparcial”.

Ante eso, agregó que era “motivo de conocimiento de la justicia disciplinaria al interior de la Corte Suprema”.