Gobierno afirma que solicitud de reapertura de la investigación buscaba esclarecer contradicciones

Juzgado de Garantía de Temuco
Foto: Twitter @FISCALIA_IX

El Ministerio del Interior señaló que la petición pretendía además esclarecer una serie de peritajes de la defensa de los imputados que no han sido parte de la causa ni conocidos por los abogados de la Intendencia de La Araucanía.


A través de un comunicado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública explicó a la opiñión pública sus razones para la solicitud al Juzgado de Garantía de Temuco de reapertura de la investigación y petición de diligencias en el marco del proceso a los ocho comuneros mapuches, que finalmente no fue concedida. Según la autoridad, esta petición se originó "a partir de la existencia de informes supuestamente contradictorios en la denominada investigación Huracán, llevada adelante por el Ministerio Público".

Sobre este mismo punto, el gobierno especificó que "este requerimiento procuraba que, a través de un peritaje independiente y calificado, nacional o extranjero, se pudiera resolver las eventuales diferencias entre lo informado por el Laboratorio de Criminalística Carabineros (Labocar) y lo señalado por un perito de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) de la Fiscalía Nacional".

Además, el comunicado informó que la gestión apuntaba a obtener más antecedentes sobre peritajes que los abogados de la Intendencia de La Araucanía no conocían. "Durante la audiencia realizada hoy, intervinientes de la defensa de los imputados exhibieron un conjunto de peritajes que no han sido parte de la causa en la cual actúa como querellante la Intendencia de La Araucanía y que no fueron conocidos por sus abogados hasta concurrir a la audiencia". Este punto fue clave, dado que "la presentación de los antecedentes contenidos en dichos informes, desconocidos por los abogados de la Intendencia de La Araucanía, fue considerada para resolver el sobreseimiento definitivo de la causa".

Ante esta situación, el Ministerio del Interior anunció que "el gobierno adoptará con prontitud las decisiones procesales y administrativas que esta nueva situación amerita".

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