Horas extras en Viña del Mar: Tribunal fija audiencia para evaluar juicio abreviado por fraude contra dos exfuncionarios de la municipalidad

Pablo Staig y Manuel Echeverría habrían autorizado el pago de horas extraordinarias a funcionarios que estaban de vacaciones o con licencias médicas durante la administración de Virginia Reginato. Si el juzgado acepta la solicitud de la fiscalía, ambos imputados arriesgarán penas más bajas -de hasta cinco años de presidio-, explicó el abogado querellante Paulo Pérez.




La jueza de Garantía de Viña del Mar, Yesica Hidalgo, fijó para el próximo martes 26 de julio la audiencia para discutir la petición de la fiscalía de realizar un juicio abreviado en contra de dos imputados por la causa “Horas extras 1”, Pablo Staig y Manuel Echeverría, formalizados en 2020 por el delito consumado de fraude al fisco presuntamente cometido al interior del municipio entre 2014 y 2015, cuando era liderado por la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI).

En el periodo investigado, el Ministerio Público habría logrado acreditar que Staig, quien ejerció como administrador municipal y director (s) de Administración y Finanzas, y Echeverría, exdirector del departamento de Finanzas, autorizaron el pago de horas extraordinarias a funcionarios que estaban de vacaciones o con licencias médicas, causando un perjuicio al municipio por aproximadamente $56 millones.

En la solicitud de procedimiento abreviado, presentada el 3 de junio, el fiscal Patricio Toro no incluyó al tercer formalizado en el marco de la investigación: Javier Garrido, exfuncionario de la sección Remuneraciones.

Esta solicitud cambia el rumbo de la indagatoria: en septiembre del año pasado la fiscalía preparaba la acusación en contra de los tres imputados, lo que habría dado paso al inicio de un juicio oral. Bajo ese contexto, Staig y Echeverría arriesgaban penas que iban desde los 541 días de cárcel a los cinco años, si el monto defraudado no superaba las 40 UTM; de tres años y un día a diez años de presidio, si superaba esa cifra; y de cinco años y un día a quince años, si la defraudación superaba las 400 UTM ($22.704.800).

El abogado querellante Paulo Pérez, que representa a los exdiputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC), explica que en el procedimiento abreviado Staig y Echeverría arriesgan penas más bajas, dado que la petición de la fiscalía “implica un ofrecimiento de una pena no superior a cinco años respecto de los imputados, a cambio de que reconozcan, o no cuestionen, los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público”.

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