Infancia: el juicio de los magistrados a la gestión del gobierno

El mismo día que asumió como Jefe de Estado, Sebastián Piñera asistió -en la tarde- al centro Fundación Padre Semería, donde realizó su primer gran anuncio: llamó a un Acuerdo Nacional por la Infancia y Adolescencia. "Quiero convocarlos a un acuerdo que nos permita decirles a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile que el Estado y la sociedad chilena van a cumplir con su deber y responsabilidad con ellos", dijo esa vez.

De esta forma, el Servicio Nacional de Menores (Sename) se convirtió en uno de los organismos clave de la administración de gobierno. A la cabeza de la entidad fue nombrada Susana Tonda, quien dirigió también el Hogar de Cristo y empezó a ejercer el cargo el 26 de marzo.

Después de un poco más de 100 días al mando de una institución marcada por una crisis permanente, y con varias investigaciones penales en curso, las que apuntan a funcionarios por maltratos y muertes de menores, seis jueces de Familia, quienes resuelven día a día medidas cautelares que involucran a niños y tratan directamente con el servicio, sacan la voz.

La Tercera consultó a los magistrados con años de experiencia en el área de infancia vulnerable cómo ven las propuestas del Ejecutivo en la materia y si es que han notado una mejora real en la situación. Para algunos jueces, las indicaciones a la ley de adopción, la constitución de una mesa para la infancia y la elaboración de una auditoría a los centros, entre otras iniciativas gubernamentales, van por la línea correcta. Para otros, todavía es anticipado hacer una evaluación y hay que esperar unos meses para apreciar los verdaderos resultados. Y también existe una tercera visión, que es más crítica, y la dan los magistrados de regiones. Apuntan a que solo se trata de propuestas que, en la práctica, no han tenido ningún efecto en el mejoramiento de un tema que urge cambiar.

Verónica Vymazal comenzó su carrera judicial en 2002, en San José de la Mariquina, en Valdivia. Luego, en 2005, asumió como magistrada de Familia en Osorno, tribunal donde hoy es presidenta. Desde entonces su trabajo consiste -entre otras labores- en dictar medidas cautelares para menores de edad, quienes en muchos casos viven situaciones graves de maltrato. Con 16 años de experiencia, observa con cautela las propuestas del gobierno en infancia.

"Desde un punto de vista de mi jurisdicción, uno ve que se ha intentado sacar a la luz pública el tema de la infancia dándole una preponderancia a nivel nacional importante, pero en hechos concretos creo que el gobierno está en deuda", asegura.

Esto se ve reflejado, dice, en que "la región aún no tiene un director regional del Sename y se sabe que mientras no tengamos una cabeza en el servicio, es imposible que se pueda avanzar en muchos temas, ya habiendo pasado casi la mitad del año y encontrándose ya en elaboración el presupuesto para 2019".

Detalla que "el Tribunal de Familia de Osorno abarca muchas comunas, cuatro rurales, e históricamente no hemos tenido una red Sename. Eso hace que la vulneración de derechos se cronifique".

Por esto, dice, se requiere una gestión más rápida en el nombramiento de las autoridades, para poder avanzar en la obtención de recursos. Desde el Sename explicaron que la Ley 20.955, de octubre de 2016, incorporó al Sistema de Alta Dirección Pública al Sename, señalando que "estarán afectos al sistema el jefe superior de servicio y los cargos de directores regionales".

El juez presidente de Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, Pedro Maldonado, pese a valorar algunas iniciativas del Ejecutivo en materia de infancia, lamentó que la Asociación Nacional de Magistrados no haya sido incluida en la mesa del acuerdo nacional por este tema, liderada por el gobierno.

"Lo positivo es que se haya constituido, discutido y recibido un diagnóstico y propuesta. Lo negativo es que la discusión en estos temas debe darse en el espacio de legitimidad que es el Congreso. No puede haberse cerrado, con cierto afán de exclusión, a algunos actores relevantes, que son los que finalmente tienen que decidir legítimamente sobre todos los temas relacionados con materias de infancia", señala.

En ese sentido, dice que "no se convocó a la Asociación de Jueces, y los jueces de Familia somos los actores quizás más importantes a la hora de dar eficacia a cualquier reforma".

Para Maldonado, "se vio una cierta indefinición, un titubeo incluso en cuanto al financiamiento de los organismos colaboradores. No me quedó muy claro si se va a aumentar o no el presupuesto de los programas, a la luz de los graves hechos que hemos conocido estos últimos días". Esto, en relación a las presuntas irregularidades en los procesos de intervención de niños por parte de algunos organismos colaboradores del Sename, denunciadas por Canal 13 la semana pasada.

Por estos hechos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la directora del Sename, Susana Tonda, pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que asuma la representación del caso.

Natalia Astudillo lleva 10 años como funcionaria del Poder Judicial. Primero fue jueza del Tribunal de Familia de Constitución, luego de Talca y actualmente de Linares.

Sobre cómo ve las propuestas que ha hecho el gobierno en materia de infancia vulnerable, Astudillo es enfática: "De lo que uno ve en el día a día, esto no se ha materializado en lo absoluto".

En ese sentido, indica, "no he podido advertir algún cambio en el tema de los programas, que para uno como juez es súper importante, porque es la base para poder evitar que las situaciones de vulneración se extiendan. No ha habido cambios reales".

Según la jueza, los programas "siguen funcionando con las mismas deficiencias y las instituciones que supervisa el Sename, a mi parecer, tienen falencias complejas, que no se han mejorado".

De hecho, dice, "hace dos semanas tuve una reunión con la encargada de un área del Sename y le hicimos ver las dificultades que tenemos con los programas ambulatorios, la rotación de los profesionales, que hace que las terapias no se puedan realizar como deben, la calidad de los informes a veces es súper cuestionable, un sinfín de cosas". También critica que aún no se nombre a un director del Sename en su región.

Sobre la Ley de Adopciones, indica que "el proyecto presentado por el gobierno me parece súper débil, deja harto a criterio antiguo respecto de los cuidados que pudiera tener un niño. No da cuenta de un cambio sustancial y un apoyo a poder sacar a los niños de las residencias (...). Veo que las propuestas son discriminadoras, se puede hacer más".

Para el juez presidente del Tribunal de Familia de Copiapó, Cristián Alarcón, "es aventurado tener un diagnóstico en estos 100 días, donde hemos visto mayoritariamente propuestas. Mirado desde el punto de vista de la infancia, lo interesante es que el gobierno ha logrado visibilizar y focalizar el tema".

Sobre cómo el Ejecutivo ha intentando posicionar el debate, Alarcón dice que "partió su primera gestión después de haber jurado como Presidente, constituyéndose en una residencia del Sename, viendo in situ cómo funciona".

Además, subraya que "se han mejorado aspectos de la Ley de Adopción, se está intentando de dar un trato más igualitario y que no solo la familia fundada en el matrimonio tenga más preponderancia que otras, para efectos de calificar para la adopción".

Pese a valorar las iniciativas del gobierno, el magistrado critica lo que ocurre en Copiapó. "Atacama vive una situación preocupante. Copiapó tenía alrededor de 100 residencias y ahora existe solo una. Si hoy tengo que resolver el ingreso de un adolescente, no tengo dónde ingresarlo acá. Por ejemplo, hace unos días había un ingreso a un Cread ( Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) y el más cercano era Arica, que está a 1.400 km de acá, cuando la normativa internacional me dice que no puedo trasladarlo más allá de 150 km de su lugar de arraigo. ¿Qué alternativa tengo para resolver?", indica.

En ese sentido, Alarcón dice que "solo se focaliza en que los jueces no toman las mejores decisiones, pero muchas veces es porque realmente no hay alternativas".

La magistrada del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, Gloria Negroni, señala que no conoce a la directora del Sename, Susana Tonda, pero que sí puede hacer una evaluación de cómo ve que ha funcionado el gobierno en esta materia.

"El proyecto de ley (de adopciones) que presentó (el Ejecutivo) me parece súper bueno, sobre todo cuando ya se superó el tema de los roles. Es un tremendo avance. Se acaba con la prelación, ya no tienen que ser matrimonios, lo que les da una gran posibilidad a todos los tipos de familia de poder acceder a la adopción", indica la jueza.

La magistrada se refiere a la indicación que ingresó al Congreso el gobierno a principios de junio pasado, que elimina el orden de prelación de las familias adoptantes, en beneficio de un hecho: "Del interés superior del niño".

En ese sentido, destaca que "hay muchos menores que están ahí (en el Sename) y que no debieran estar, y si se hubiese instado por la adopción en su momento y en una forma mucho más oportuna (...), muchos de esos niños ya estarían adoptados, con familias".

Además, enfatiza "como una tremenda señal" que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, haya ido a visitar el centro de medidas cautelares en el Juzgado de Familia de Santiago, que es donde se tramita la mayor cantidad de juicios proteccionales de menores, en diferentes áreas y problemas.

"No había venido otro ministro de Justicia a visitar un centro especializado, donde preferentemente se ven los casos de niños en protección, lo que es algo muy valioso", enfatiza Negroni.

Karen Hoyuelos, coordinadora del Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago, recibió el lunes pasado al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al subsecretario de la cartera, Juan José Ossa.

"Tuvo la gentileza de ir a conocer el centro que está establecido por la Corte Suprema desde hace muchos años como un centro de urgencia, que ve las situaciones más graves de violencia intrafamiliar y de violación de derechos de niños. Me parece que es una señal importante, porque nunca antes había ido un ministro de Justicia", dice la magistrada del Primer Juzgado de Familia de Santiago.

Asimismo, señala que "hemos visto acciones concretas e inmediatas. Todos los gobiernos han hecho harto esfuerzo en temas de la infancia y ahora se ha visto en temas súper concretos, como establecer la mesa que me parece súper positivo, porque mientras más podamos dialogar y tener un ánimo de colaboración con todas las instancias, creo que es mucho más productivo que centrarnos en diagnósticos que finalmente no nos llevan a ningún lado".

En cuanto a la Ley de Adopción, indica que el proyecto "permite centrarnos en el niño y acotar los plazos; me parece bastante interesante".

De esta forma, según Hoyuelos, "para ser los primeros 100 días creo que hay medidas concretas". Apunta, sin embargo, que siempre hay temas que se pueden mejorar. "Nos gustaría que también se hicieran más programas que abordaran a las familias (biológica del menor de edad) de manera más integral", sostiene la magistrada.