Isla de Pascua debate sobre sus migrantes

La “honui” se reunió durante este fin de semana.

El “honui”, asamblea de las 37 familias ancestrales, está en desacuerdo con la Ley de Residencia, que regula el ingreso de “continentales”. Quieren hacerla más restrictiva.


Son las 10 de la mañana del viernes reciente en Isla de Pascua, y mientras algunas nubes intentan tapar el imponente sol, casi todos los locales del principal centro de artesanía están operativos para recibir a los turistas que buscan algún souvenir. La estrella, obviamente, es el moái.

El mercado está ubicado en pleno centro de la Isla de Pascua, o Rapa Nui, como pasará a llamarse, luego de que el Presidente Sebastián Piñera pusiera suma urgencia a la ley que busca cambiar el nombre de la isla, como una forma de reconocer la historia y demandas de las familias ancestrales.

En los últimos años, esta isla polinésica ha visto el incremento exponencial de personas que se han quedado a vivir. Así lo evidencia su mayor parque vehicular, muchos de ellos taxis.

Si bien a principios de agosto entró en vigencia de la Ley de Residencia, que estableció tiempos máximos de estadía para chilenos y turistas, los isleños, agrupados en el “honui”, un consejo de representantes de las 37 familias o clanes originarios -también llamados ancestrales- siente que dicha normativa no les satisface. Y este fin de semana comenzaron a debatir la presentación de una reforma que establezca más restricciones.

Matías Riroroko, integrante del honui, lo ejemplifica en el idioma: “Se está perdiendo. Hoy ves a un rapanui con otro en el centro hablando en castellano; antes eso era imposible”.

7 mil habitantes

Según cuentan los residentes originarios, las más de 16 mil hectáreas que conforman la isla, de las cuales casi la mitad son del Parque Nacional -que hace algunos meses pasó su administración a la comunidad indígena Mau Henua, previamente en manos de la Conaf- tienen poco más de 7 mil habitantes. De ellos, el 35% son indígenas y el 65% chilenos continentales.

“No hay que confundir. Cuando hablamos de migración no nos referimos a los turistas que suelen venir por siete u ocho días. No estamos en contra de los turistas, estamos hablando por la gente nacional que viene a trabajar y a quedarse, y que está generando una carga sin control ni regulación”, explica Johnny Tucki, vocero de una de las familias más grandes de Rapa Nui e integrante del honui.

Hace más de 10 años que estas familias, según ellos aseguran, les han pedido a las autoridades que controlen el ingreso, pues sienten que un aumento indiscriminado atenta contra el valor patrimonial del lugar y su conservación. En ese escenario, si bien consideran que la Ley de Residencia es un avance y un primer paso, creen también que es perfectible.

“La ley se hizo sin incluir lo que nosotros pedíamos, sino que se instauró desde el nivel central”, reclama Matías Riroroko.

Algunos de los indicadores que maneja la gobernación provincial indican que existiría saturación en áreas como vivienda, salud generación de electricidad y producción de basura, así como en ganadería y pesca.

Según el honui, parte de las discrepancias son porque la normativa se enfocó principalmente en el control de personas que ingresan, estableciendo requisitos como 30 días máximo para estar, carta de invitación y certificación de pasajes de ida y vuelta, para garantizar la salida. Pero no establece medidas para la conservación de sus espacios ni responsabilidades de aquellos a los cuales sí se les permitirá quedarse, además de reconocer autonomía a los indígenas para administrar su tierra.

Pantu Tepano, vocero de una de las familias, aclara que “toda esa masa de gente necesita una infraestructura, vehículos, recolección de basura, agua, electricidad y una infinidad de cosas. La preocupación central es por el lugar, no por las personas”.

Por ello, los clanes han estado realizando asambleas y revisando experiencias similares, como la de isla Galápagos, Ecuador, donde ya existe una legislación que limita el ingreso de ecuatorianos para preservar la ecología.

Johnny Tucki agrega que mientras la ley “no proteja el derecho del pueblo a decidir sobre cómo cuidar su patrimonio y medio ambiente, no sirve”.

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