La Corte de Apelaciones de Rancagua se readecua ante la crisis

Tres jueces suspendidos con riesgo de expulsión; la ministra en visita de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, arraigada en las instalaciones tomando declaración a múltiples funcionarios; siete causas anuladas y audiencias para cargos públicos que se harán nuevamente. El panorama al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua está lejos de ser normal, luego que se revelaran las investigaciones por eventuales hechos de corrupción en contra de los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.

Ante esta crisis, el presidente del tribunal de alzada rancagüino, Pedro Caro, quien se reintegró esta semana tras estar de vacaciones, aseguró que lo que menos se espera en una sociedad "es que los jueces, quienes tienen la última palabra para resolver un conflicto, sean parte de este tipo de hechos. Ello demuestra que es necesario resolver prontamente esta situación, aclarar los hechos y tomar las medidas necesarias".

La suspensión de los magistrados obligó a la llegada de los ministros suplentes Alejandra Besoain, a quien le vence el 25 de abril su reemplazo (se solicitó prórroga a la Suprema por otros 30 días), Pedro Advis y José Marinello. Estos últimos asumieron los cargos el 8 de abril y recibieron el mandato por 60 días. El trío de magistrados se unieron a Caro y los ministros titulares Ricardo Paricán, Michel González y Jorge Fernández. Al grupo de siete jueces se suman dos fiscales judiciales y cinco abogados integrantes.

Dos de estos últimos también han padecido las consecuencias de esta crisis. Se trata de Juan Guillermo Briceño y Claudio Sepúlveda. Incluso este último, ya declaró ante la ministra Maggi junto con presentar su renuncia al cargo de asesor jurídico en la Intendencia de O'Higgins.

De acuerdo al presidente del tribunal, ambos abogados integrantes solicitaron no ser llamados a participar dados los cuestionamientos que los relaciones a las eventuales irregularidades que se investigan en la Corte.

Pese a la conformación extraordinaria del pleno, para Caro "la Corte no ha visto alterado su funcionamiento", al considerar que hay cuatro ministros titulares "que no estamos, por ahora, investigados ni suspendidos, además de los ministros suplentes. Con estos siete jueces funcionamos sin inconvenientes".

El digipass de Elgueta

La polémica entrada del ministro Vásquez a la Corte de Rancagua la noche previa al allanamiento de su oficina, por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, quedó plasmada en las cámaras de vigilancia y los registros de la empresa de seguridad que custodia el tribunal durante las noches. Pese a que la entrada de los jueces no estaba prohibida, y que el propio Caro indicara que no había instrucciones para detenerlos, la imagen del magistrado retirando elementos desde su oficina provocó la incomodidad de sus pares.

Fuentes de la investigación descartaron que se haya "dateado" a Vásquez que se allanaría el recinto, incluso, se enfatizó que a la PDI sólo se la informó 30 minutos antes del procedimiento.

No obstante, las dudas quedaron sembradas y desde la semana pasada los tres jueces investigados tienen restringida la entrada por orden del pleno.

Esta medida repercutió en el ministro Elgueta, quien debió realizar una solicitud formal para retirar el "digipass" -aparato bancario que le permite concretar transferencias electrónicas- que había olvidado en su oficina. Luego de la petición, el cuestionado juez recibió el objeto en un sobre, pero no pudo entrar a su oficina.