La Corte Suprema tendrá por primera vez a cinco abogadas integrantes

Palacio de Tribunales. Foto: Patricio Fuentes Y.

El Ministerio de Justicia informó de la designación de los nuevos 12 profesionales que ejercerán esta función en el máximo tribunal, y de los 95 que lo harán en las cortes de apelaciones. La cartera que lidera Hernán Larraín tuvo en consideración tres criterios: mayor paridad, renovación y no designar a abogados que tengan más de 75 años, haciendo extensivo el mismo límite de edad -fijado en la Constitución-, que tienen los jueces titulares.




El gobierno informó a la Corte Suprema y a todas las cortes de apelaciones del país de la designación de los próximos abogados integrantes. Para el caso de quienes les toque integrar el máximo tribunal, la designación tiene una duración de tres años, es decir, desde marzo de 2021 a marzo de 2024. Para aquellos profesionales que ejerzan en los tribunales de alzada, un año.

Este anuncio implica la designación de 12 nuevos abogados en el máximo tribunal y 95 abogados en los tribunales de alzada. Todos ellos asumirán sus funciones desde el 1 de marzo, previo juramento de rigor. Los abogados integrantes ejercen como ministros, pero sin ser jueces titulares. Entran a sala para reemplazar a los magistrados -quienes se pueden ausentar por licencia, vacaciones o permiso especial- y fallan las causas.

Respecto de la Corte Suprema, esta vez el Ministerio de Justicia -el organismo encargado de realizar estas designaciones- aplicó tres criterios relevantes. El ministro, Hernán Larraín, realizó la selección buscando paridad de género. De esta forma fueron elegidas todas las candidatas mujeres propuestas en las respectivas ternas elaboradas por la Corte Suprema: 5 de 36 nombres propuestos. Así, de forma inédita, el máximo tribunal contará con cinco mujeres y siete hombres en la nómina de abogados integrantes del próximo trienio. Sin embargo en las cortes de apelaciones, de las 95 designaciones, solo 19 fueron mujeres.

El segundo criterio apuntó a la renovación. En Justicia comentan que esta vez se optó por designar en la Corte Suprema “a candidatos de experiencia y trayectoria que permiten una integración de nuevos miembros en los equipos”. Por eso, de los 12 abogados integrantes, solo cuatro corresponden a profesionales que se desempeñaban en el trienio que acaba de pasar: Leonor Etcheberry, Diego Munita, Ricardo Abuauad y María Cristina Gajardo.

El tercer criterio, que generó ruido en sectores del mundo judicial, fue la decisión tomada por el gobierno de no designar a abogados que tengan más de 75 años. Esto debido a que se optó por hacer extensivo a los abogados integrantes el mismo límite de edad -fijado en la Constitución-, que tienen los jueces titulares.

Esto implicó que por ejemplo el exsupremo Piedro Pierry, quien se jubiló de la Suprema en 2016 y fue abogado integrante en el trienio pasado, quedara fuera de la carrera. Lo mismo pasó con el abogado integrante Álvaro Quintanilla, quien también ejerció en el trienio que acaba de pasar y tenía 81 años.

Uno de los nombres que llamó la atención a algunos abogados que tramitan causas relativas a derechos humanos fue el de la abogada Carolina Coppo. La profesional ha sido elegida como abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago desde 2016 hasta la fecha. Desde marzo, Coppo ejercerá la misma función, pero en el máximo tribunal.

En junio pasado Coppo participó en un fallo dictado por la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino relativo a una demanda de indemnización de perjuicios por la muerte, en manos de agentes del Estado, de Fernando Iribarren el día 7 de febrero de 1983. En esa sentencia, Coppo cambió el criterio jurídico que había tenido históricamente y que se traducía en que las acciones civiles en materia de derechos humanos, al igual que los crímenes de lesa humanidad en el área penal, son imprescriptibles.

“La abogada integrante Carolina Coppo Diez manifiesta en la presente sentencia un parecer diverso de los anteriores en la misma materia, pues un nuevo estudio de los antecedentes, de la doctrina y de la interpretación de las normas que la regulan, la ha llevado a cambiar de opinión”, se lee casi al final de la sentencia. Esto significa que a juicio de Coppo “la regla general es que las acciones sean prescriptibles, requiriéndose de norma legal expresa que declare lo contrario”. Es decir, la prescripción en materia civil es de cuatro años, contados desde la perpetración del acto.

El abogado de derechos humanos, Francisco Bustos, es parte de esa causa y participó de los alegatos. Al respecto, Bustos asegura que la determinación de Coppo causó sorpresa el año pasado. “Nos llamó profundamente la atención ese cambio, considerando que es un tema aceptado casi unánimemente. Además que en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la aplicación que se hizo de la prescripción civil en otros juicios por crímenes de lesa humanidad, pues existen obligaciones internacionales en ese sentido”, comentó Bustos a La Tercera. El caso aún no se termina ya que el abogado recurrió a la Suprema.

Otro de los nombres es Ricardo Alcalde, quien será abogado integrante de la Corte Suprema por primera vez. El profesional está casado, desde marzo de 2019, con la candidata a convencional constituyente por el distrito 10 Teresa Marinovic.

Alcalde es abogado de la Universidad Católica y socio de Marinovic & Alcalde Abogados, oficina que comparte con el socio fundador de ese estudio Iván Marinovic, quien es el padre de la aspirante a la Convención Constitucional.

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