La supuesta fachada de los cónsules acusados de tráfico de migrantes

Entre 2015 y 2017 entregaron 196 visas de residencia de estudiantes ilegales para habitantes de India y Nepal, las que permitían un año en Chile.


Con arraigo nacional y firma semanal en el caso de Frank Sinclair, y mensual para Gustavo Cantuarias, quedaron los dos excónsules por tráfico de migrantes.

A las dos autoridades, se sumó, por el mismo delito, la formalización de Jintendra Khatwani, Christian Chahuán y Josefina Sinclair, propietarios del Multicultural Institute (MCI).

El instituto, el cual según señaló el fiscal Felipe Sepúlveda no contaba con renocimiento del Ministerio de Educación (Mineduc), fue la fachada durante 2015 y 2017 para ofrecer visas de residentes de estudiantes a habitantes de la India y Nepal. En total, se entregaron 196 documentos de los que cuatro no ingresaron al país y 47 aparecen con anotaciones falsas respecto del reconocimiento del MCI.

Vía web y a través de agencias extranjeras Chahuán promocionaba los cursos a la que los futuros estudiantes debían pagar US$ 6.500 dólares de matrícula, y posterior a eso recibían una carta de aceptación. Con ella, Cantuarias solicitaba y les otorgaba las visas a los habitantes.

Muchos de los indios y nepaleses “compraron pasajes solo de ida”, señaló el fiscal en la audiencia, ya que además le decían que en dos años podían obtener la residencia permanente.

Frank Sinclair fue Director de Servicios Consulares entre julio de 2014 y enero de 2016, quien consultaba directamente por las visas.

En 2016 fue designado como cónsul de Córdova, minuto en el que le sede su 30% del instituto a su hija, Josefina Sinclair. Fue ella quien incluso realizó un video promocional de MCI, diciendo ser estudiante del centro y proveniente del país de Brasil.

Cantuarias era el encargado de autorizar las visas como cónsul de Nueva Delhi, India.

El abogado de Frank Sinclair, Hugo Rivera, fue el único de los defensores en decir algo a la salida de la audiencia: “recién comienza la defensa y se va a acreditar el total ingreso legal (de los migrantes)”.

Los perseguidos arriesgan entre 541 días y cinco años de privación de libertad.

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