Las infracciones a normas sanitarias fueron los delitos más denunciados el año pasado

El Ministerio Público explicó que no todos los homicidios de 2020 fueron de igual grado.

La Fiscalía Nacional registró una baja general de los delitos en un 7%. Pero hubo otros que destacaron por su significativa alza: los ilícitos en contra de la salud pública y los homicidios.




Pese a que se registró una baja de un 7,3% en los delitos durante 2020, hubo dos ilícitos que subieron explosivamente: las infracciones contra la salud pública en un 775% y los homicidios en un 29%. Así lo dio a conocer este miércoles la Fiscalía Nacional, en un balance estadístico de 2020 en que informó las principales variaciones en el ingreso de denuncias a nivel general.

En un año marcado por la pandemia del Covid-19, ingresaron al sistema de la fiscalía un total de 1.349.042 delitos, es decir, 106.493 menos que en 2019. Entre los que más bajaron están: el uso fraudulento de tarjeta de crédito, que cayó en un -55% (50.688 delitos menos), el robo en lugar habitado en un 36% (20.099 ilícitos menos), el robo en lugar no habitado en un 28% (15.806 delitos menos) y el robo por sorpresa en un 36% (11.956 ilícitos menos). En todos estos influyó la menor cantidad de gente circulando en las calles como efecto de las medidas de confinamiento.

En la otra vereda están los delitos contra la salud pública, los que llegaron a un total de 258.843 el año pasado. En cambio, en 2019 estos fueron 29.581 casos, lo que marca una variación de 229.262 delitos más.

Según la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, las razones de la significativa alza son evidentes: “Tiene estricta relación con lo que pasa en una sociedad. El comportamiento delictivo, los delitos que se producen en un año, tienen estricta relación con los fenómenos sociales que nos afectan como país. Así lo observamos el año pasado en el caso del estallido social, donde los desórdenes públicos aumentaron significativamente y lo observamos claramente hoy en relación a la pandemia”.

Por esto, Werth señaló que “no nos sorprende que exista un aumento muy significativo de delitos contra la salud pública, puesto que nos encontramos en un contexto de pandemia y, además, esta alza es coherente con los criterios de persecución que tempranamente instruyó el fiscal nacional”.

De acuerdo a los registros del Ministerio Público, hubo 147 mil casos más por infringir normas higiénicas y de salubridad (Artículo 318); 79 mil más por delitos contra la salud pública (Artículo 313 - 315 y 317), y 1.967 más por propagar contagio a sabiendas (Artículo 318 bis).

En tanto, los homicidios llegaron en 2020 a 2.795, 625 casos más que en 2019. Al respecto, Werth hizo una salvedad: “Sobre esta cifra es necesario hacer un desglose mayor de ella, puesto que nuestros registros en el SAF, el sistema informático de la fiscalía, incluyen todos aquellos hechos que son catalogados como un homicidio, aunque esa cifra puede contener homicidios en distintos grados y que no estén todos consumados”. Es decir, dijo que no necesariamente cada uno de esos números representa a una persona fallecida, sino que puede haber asesinatos frustrados.

En relación al informe de la fiscalía, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló que “hay varias cosas importantes que destacar”.

Una de ellas, dijo, es que “los delitos disminuyen en un 33,5%, todos los delitos de mayor connotación social. También disminuye la denuncia en un 7,5% y por es importante llamar siempre a la comunidad a denunciar”.

Asimismo, destacó que “hay alrededor de 148 mil denuncias por infringir las normas sanitarias, es decir, por cometer el delito establecido en el Artículo 318 del Código Penal. Esto refuerza el trabajo que está haciendo todo el sistema de persecución penal para contener la pandemia y para infraccionar a quienes no cumplen la normativa sanitaria”.

En tanto, el diputado DC y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gabriel Silber, dijo que “el toque de queda y otras restricciones de desplazamiento jugaron a favor de darle mayor seguridad a la población, con una disminución de los delitos. Pero la fiscalía también deberá dar cuenta de cómo recupera judicialmente el tiempo perdido, porque si bien hay un 7% menos de ingresos, tendremos un atochamiento evidente al disminuir en más de un tercio las audiencias de formalización y en más de 60% los juicios orales”.

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