Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío: “Hay temor en las víctimas de violencia rural, sumado a falta de resultados”

La fiscal regional del Biobío destaca los avances en capacitación en los equipos de investigación.

Con más de medio año en el cargo, la persecutora analiza la investigación de esos delitos, junto a las lecciones que dejó el caso Mardoff y su visión feminista dentro de la institución.


Marcela Cartagena, abogada de la U. Católica e integrante activa de la Asociación de Fiscales, asumió en agosto de 2018 como fiscal regional del Biobío, cargo que ostentará por los próximos ocho años. En sus primeros meses ha debido enfrentar casos mediáticos, como la contaminación ambiental en Quintero y Talcahuano, e incidentes de tipo policial, entre ellos el caso de Sergio Mardoff, cuyo cadáver permaneció cerca de tres años en el Servicio Médico Legal (SML) sin que se lo identificara. Sin embargo, han sido los atentados incendiarios en la provincia de Arauco los que la han obligado a reordenar los procesos investigativos en el Biobío.

¿Es urgente contar con unidades especializadas en la región?

Si observas la Región Metropolitana, por ejemplo, el nivel de especialidades y sofisticación que tiene allí la Policía de Investigaciones (PDI) es alto y hay brigadas sumamente competentes, como Bridema o la Bridef, a las que las regiones tenemos que recurrir en una suerte de préstamo. Hay generosidad y disposición en mandarnos gente, como ocurrió durante los incendios forestales del verano, cuando se dispuso que viniera una fuerza de tarea integrada fundamentalmente por la Bridema, pero son siempre cosas transitorias. Tenemos investigaciones emblemáticas, como el caso de la contaminación Talcahuano-Quintero, la investigación de MasVida o la arista que queda de Asipes, por lo que también necesitamos de manera permanente estas brigadas.

¿Influye la carga de trabajo en la investigación de los y las fiscales?

En los inicios de la instalación de la Reforma Procesal Penal se hicieron cálculos en los que se estimó que cada fiscal tendría una determinada cantidad de casos. Dichos cálculos nunca fueron correctos y terminamos teniendo más causas de lo que se había proyectado. Por otro lado, aparece la investigación de alta complejidad. Si a un fiscal económico, que tiene 250 causas vigentes o tal vez más, le pides que se dedique a otra causa, ¿en qué tiempo lo hace? La cantidad de fiscales está determinada en una ley orgánica institucional que, para modificarse, requiere un cuórum parlamentario importante. Es una conjunción de factores que no está en manos del Ministerio Público y que pasa por voluntades políticas y de presupuesto. En otras palabras, es difícil. Aspiro a que las explicaciones que tengamos que dar sean siempre por el tiempo y no por la calidad de las indagatorias.

¿Por qué hay escasos resultados en las investigaciones por ataques incendiarios?

Son lugares geográficamente complejos. Por eso, hay que perfeccionar la técnica de investigación. Por otro lado, hay un temor instalado en las personas que son víctimas de hechos de violencia rural, sumado a la falta de resultados en la investigación. Por esa razón estamos capacitando a nuestros equipos de investigación con lo que llamamos “análisis criminal”, con la idea de que el grupo que se dedica a la investigación de estos hechos, como hurtos de madera y atentados incendiarios, pueda usar esta técnica, con la que hemos tenido buenos resultados en la indagación de otros hechos delictuales en los que se ha logrado identificar a los responsables, recuperar especies robadas y desbaratar bandas. Por ejemplo, los atentados tras la muerte de Camilo Catrillanca deben ser investigados con una mirada diferente, ya que esto ocurre en otros lugares, pero con similares características.

¿Qué lecciones deduce del caso Sergio Mardoff?

Tuvimos que revisar nuestros procesos. Hicimos un autoexamen de por qué pasaron ciertas cosas y llegamos a la conclusión de que nunca hubo dolo, pero sí faltó preparación de fiscales y comunicación entre las policías y el SML. Desde ese momento hemos trabajado intensamente en un nuevo protocolo para el tratamiento de causas por presunta desgracia. También estamos capacitando a todos los abogados del Biobío, asesores, fiscales y abogados asistentes, que deben dominar desde lo teórico y lo práctico en el trabajo del formulario de los distintos registros del SML. Estamos avanzando en 70% en la cantidad de gente que debemos cubrir, porque es una actividad obligatoria para lograr que esta situación no vuelva a ocurrir.

¿Qué significa para usted que una mujer sea fiscal regional?

Creo que la institución ha dado un paso importante para las mujeres en el cargo que yo ocupo. Se ha saludado la participación, no solo invitándolas, sino también nombrándolas en roles de responsabilidad. Por otro lado, la institución realiza una encuesta de género: si bien los resultados no son conocidos, ya decidir hacerla es un mensaje. La idea es que estos pasos para permitir que mujeres capaces accedan a cargos de primera línea se conviertan en una tendencia que se instale.

¿Se declara feminista?

Sí, absolutamente. Soy feminista en el mejor sentido de la palabra.

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