Más de 23 mil estudiantes perderán gratuidad o beca por retrasos

Uno de los puntos de mayor conflicto durante la tramitación de la Ley de Educación Superior, fue el financiamiento de la gratuidad. Y pese a que el beneficio ha avanzado en su ampliación, el conflicto por la falta de recursos para las instituciones ha reflotado.

El Mineduc le informó a los planteles del Consejo de Rectores (Cruch) que el próximo año, 18.125 estudiantes perderán la gratuidad, pues se han retrasado en sus estudios. La ley dice que cuando esto ocurre, las instituciones les pueden cobrar a los estudiantes sólo el 50% del arancel regulado, quedando la otra mitad desfinanciada. Y según los cálculos de los rectores, esto les traerá perjuicios económicos por $ 26.013 millones.

Además, el ministerio les confirmó que otros 5.283 estudiantes perderán sus becas por el mismo motivo, lo que ocurre todos los años, pero que igualmente preocupa a los rectores, porque en razón de ese grupo dejarán percibir $ 9.603 millones.

Es decir, sólo en las 27 universidades del Cruch, ya hay 23.408 jóvenes que perderán la gratuidad y las becas en 2019, pero que seguirán estudiando, lo que implicará pérdidas por $36.616 millones, según contaron este jueves los rectores en un encuentro de Universia.

El rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, explica que "la evidencia dice que los estudiantes se demoran al menos un año más, por problemas entendibles. Ese es un tema imperioso de resolver, porque será una bola de nieve, cada vez más significativa, que no debe resolverse bajando la calidad". Ello, pues se teme que los planteles bajen sus exigencias para evitar las mermas económicas asociadas a los atrasos.

El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, dice que el caso de los alumnos que se retrasan es tan grave, "que va a desfinanciar a la educación superior chilena. Eso no lo ha querido ver ni el gobierno anterior ni este, y no se ha querido solucionar, porque existe una mirada bastante limitada de la educación superior. Esto va a golpear la calidad".

Y el rector de la U. Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, añade que "un sistema así perjudica a los estudiantes más vulnerables y hay que corregirlo, porque las universidades no somos generadoras de recursos. Esto desequilibrará nuestros presupuestos".

Un tercer punto que preocupa a las universidades, es que en 2018 el Gobierno no les transfirió los recursos correspondientes a los jóvenes que suspendieron sus estudios, a diferencia de períodos anteriores. Según el Mineduc, 4.000 alumnos quedaron en esta condición y, según el Cruch, esto se traducirá en una pérdida de $ 8.199 millones.

Una de las afectadas es la U. Católica de Temuco, cuyo rector, Aliro Bórquez, dice que por esto se les descontó $ 373 millones, pero ellos habían hecho "el presupuesto contando a esos estudiantes, contratando a profesores y haciendo gastos. Y esto contradice un dictamen de la Contraloría, que dice que no se pueden devolver dineros si esos estudiantes ya estaban contabilizados".

Al respecto, el jefe de la División de Educación Superior (Divesup), Juan Eduardo Vargas, dice que se debe pensar en soluciones, pero advierte que no hay presupuesto para aumentar los recursos a los planteles. "Es imposible pensar que la solución vendrá del Estado. Queremos caminar a una solución, pero quiero ser categórico, la solución no será que el Estado ponga más recursos. No está en nuestro ánimo revisar la ley", afirma.