Que quienes infrinjan las medidas sanitarias en fiestas clandestinas realicen trabajos voluntarios con enfermos por Covid. Esa fue la idea que planteó esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto a los detenidos por no cumplir la norma de salud en medio de la pandemia por coronavirus.
“Los llamados ya los hemos hechos. Obviamente hay que tomar medidas distintas, hay algunas medidas que se pueden ir tomando. Por ejemplo, la ley permite que las personas que sean condenadas por participar, por ejemplo, en fiestas clandestinas, que tengan penas alternativas como hacer trabajos voluntarios. Hay que empezar a pensar en otras medidas para personas que sienten cierto desprecio por su salud, pero lo más grave, por la salud de los demás”, señaló Delgado.
El secretario de Estado dijo que la idea ha sido conversada con el ministro de Salud, Enrique Paris, y con el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, y que se está evaluando. Asimismo, dijo, hay una propuesta en esa índole instalada por el Comité de Expertos.
En esa línea, explicó que “tenemos que avanzar en que estas personas, que son detenidas y condenadas, tanto asistentes como organizadores (de fiestas) tengan que hacer un trabajo voluntario, donde tengan que ir a lugares donde hay que atender enfermos, que sientan más conciencia con la enfermedad, que sientan conciencia de los estragos que genera la enfermedad, que tengan que relacionarse con familias que están sufriendo, que tengan relacionarse con enfermos que están muchas veces muy complicados. Obviamente dentro del rango de lo que puedan hacer y participar”.
“Estamos viendo el verano en su esplendor y obviamente que mucha gente cree que verano es sinónimo de libertad en cuando a los temas sanitarios y ahí hay un gran error”, manifestó Delgado, y agregó: “Esas personas tienen que acercarse más al dolor para que puedan comprender de qué estamos hablando”.
Subsecretaria Daza: “Es una medida interesante”
En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, valoró el planteamiento de Delgado.
“Nos parece que es una medida interesante. Que los jóvenes que hoy día están participando en estas fiestas clandestinas tengan la oportunidad de empatizar con las situaciones sanitarias que estamos viendo en nuestro país”, aseveró Daza.
“Obviamente son propuestas que hay que evaluar siempre y cuando no implique un riesgo ni para los jóvenes ni para los pacientes”, cerró la autoridad sanitaria.
Cifras de Carabineros
De hecho, anoche se registró otra fiesta clandestina en Cachagua, en la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, que terminó con 20 detenidos. En la reunión había cinco menores de edad.
Hoy el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Inspector Esteban Díaz Urbina, informó de 17 fiestas clandestinas descubiertas por la policía uniformada el último fin de semana.
De acuerdo a las cifras de Carabineros, desde el inicio de la pandemia, el 19 de marzo, los uniformados han descubierto 229 reuniones masivas no autorizadas, de la cuales 148 corresponden a fiestas clandestinas. En total, 2.954 personas han sido detenidas, 2.541 de ellas en eventos sociales.
Según estos números, la policía uniformada pudo realizar un perfil de quiénes son los asistentes a estas reuniones no permitidas. Según informó el general Díaz, el 65% de las personas han sido detenidas en fiestas son hombres y un 35% mujeres. Un 76% son de nacionalidad chilena, mientras que 24% son de origen extranjero.
La mayor parte de ellos, 951 personas, tiene entre 26 y 36 años. Asimismo, 859 de los detenidos tienen entre 18 y 25 años, mientras que 71 adolescentes de entre 14 y 17 años han terminado en un cuartel policial.
A nivel nacional, la Región Metropolitana lidera el triste ranking, con 59 fiestas y 1.373 aprehendidos. En tanto, desde marzo del año pasado, los “peores” meses de fiestas han sido septiembre (25 eventos) y diciembre (29). Sin embargo, en los primeros 17 días de enero ya se contabilizaban 28 fiestas, a la que se suma la de Cachagua registrada anoche.
“Estos irresponsables no solo se exponen a contagios, también pueden terminar pagando fuertes multas. Tendrán antecedentes policiales por haber cometido un delito contra la salud y podrían terminar siendo los responsables de la enfermedad o la muerte de sus familiares o seres queridos”, expresó el general inspector Díaz.