Nueva noche de violencia agitó a La Araucanía

Efectivos de Carabineros llegan ayer a la Municipalidad de Curacautín tras los enfrentamientos entre vecinos y quienes mantenían la toma en esa dependencia edilicia. FOTO: MARCO MALDONADO /AGENCIAUNO

Cinco municipios de la provincia de Malleco que estaban tomados por comuneros mapuche fueron desalojados caóticamente la noche del sábado. Grupos de vecinos se enfrentaron con los ocupantes de las tomas y los incidentes terminaron con dos sedes municipales incendiadas. El subsecretario del Interior viajó a la zona y prometió mayor despliegue policial.


Una conversación de Whatsapp comenzó a circular el sábado entre los vecinos de Curacautín, un pueblo 83 km al noreste de Temuco. En el audio se escuchaba a un civil que le pedía a un carabinero no identificado permiso para poder desalojar, junto con otras personas, el edificio municipal que había sido tomado por comuneros mapuche el lunes pasado. A pesar de la negativa del uniformado, varios vecinos se comenzaron a reunir en la plaza comunal a partir de las 21 horas, con ese objetivo.

La situación en la Región de La Araucanía era tensa desde comienzos de semana, cuando cinco municipios de la provincia de Malleco fueron tomados para prestar apoyo a las huelgas de hambre del machi Celestino Córdova, condenado en la Cárcel de Temuco por el homicidio del matrimonio Luchsinger, y de otros 10 comuneros en el penal de Angol, para que se les autorizara a cumplir sus sentencias o prisiones preventivas en sus domicilios hasta el término de la pandemia.

Pasadas las 22 horas del sábado, se produjeron hechos de violencia entre algunos vecinos y los ocupantes del edificio, por lo que las Fuerzas Especiales tuvieron que ingresar, deteniendo y desalojando a las 19 personas que mantenían la toma. Mientras los sacaban y subían a carros policiales, varios comuneros fueron agredidos por los manifestantes, quienes también quemaron dos vehículos pertenecientes a los mapuche de la comuna de Victoria. “El que no salta es mapuche”, gritaron algunos.

El alcalde de Curacautín, el independiente Jorge Saquel, reflexionó que “no pueden enfrentarse civiles contra civiles, nosotros estamos por el diálogo”.

Las imágenes de los hechos en Curacautín rápidamente fueron viralizadas. Eso habría provocado que algunos vecinos de Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla también acudieran a sus sedes municipales, tratando de usar la fuerza para desalojar sus respectivos edificios comunales. El desenlace fue violento. En Victoria intentaron mantener la toma mediante pedradas que eran lanzadas con boleadoras desde los balcones de la municipalidad, dejando un saldo de 16 comuneros detenidos, además de varios daños materiales al inmueble; en Collipulli hubo saqueos; mientras que en Traiguén, unos individuos le prendieron fuego al municipio luego de saquearlo.

“El edificio tiene entre un 80 y un 90% de deterioro, el balance económico todavía no lo tenemos porque está la PDI haciendo su trabajo profesional. Se quemó documentación, mobiliario, faltan 10 computadores, el servidor de todo el sistema computacional de la municipalidad”, fue el balance del edil de Traiguén, Ricardo Sanhueza. El alcalde apuntó que se ampliará la acción judicial que se había presentado el viernes por usurpación a una querella por incendio en contra de quienes resulten responsables.

La peor situación se vio en Ercilla, cuyo municipio permanecía tomado desde el jueves pasado. Ahí, los ocupantes ilegales le prendieron fuego a las instalaciones, que resultaron completamente destruidas, al igual que varios vehículos municipales que se encontraban en el recinto. Del mismo modo, un jardín infantil del sector Pidima, en la misma comuna, también fue destruido por la acción del fuego.

“La verdad que nos complica mucho esto porque es un golpe bajo, duro, para podernos levantar. Vamos a necesitar muchos recursos y lamentablemente, las malas acciones que son propias de reivindicaciones, nos han llevado precisamente a estos desencuentros”, declaró el alcalde de Ercilla, José Vilugrón.

Los incidentes en esa comuna continuaron durante la noche. El Ejército informó que a las 2:20 a.m., una patrulla fue emboscada en el puente Huquén recibiendo disparos de desconocidos que provocaron daños a los vehículos. Veinte minutos más tarde, una segunda patrulla corrió la misma suerte en el sector de Pidima. Tres militares resultaron heridos: dos con heridas de carácter leve y uno con una contusión, tras recibir un disparo en la cabeza que fue atenuado por el uso de un casco balístico. El saldo de la jornada fue de 48 personas detenidas, 36 de las cuales pasaron a control de detención el domingo.

Cuestionamientos al gobierno

El viernes, durante su primera visita a la zona como ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que “en Chile no hay presos políticos. Presos políticos son quienes por sus ideas están presos. Aquí las personas privadas de libertad, que están privadas por resoluciones de tribunales de justicia, no del gobierno”. También se refirió a las municipalidades tomadas e instó a los alcaldes a “solicitar el desalojo”. Fuentes gubernamentales aseguran que el diseño original del gobierno era comenzar a ordenar los desalojos a partir de lunes. Por lo que la presión que ejercieron centenares de manifestantes contrarios a los comuneros recluidos en la Municipalidad de Curacautín, insisten, los sorprendió.

Las reacciones de líderes mapuche no se hicieron esperar. El werkén Rodrigo Kuripán dice que “nosotros tenemos la plena convicción de que lo que sucedió anoche fue una situación orquestada entre el gobierno y los terratenientes de la zona”. Prueba de eso, explica, sería que civiles atacaron a comuneros en un horario de toque de queda, sin ser detenidos por Carabineros.

A su vez, Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, indicó que “queda demostrado que el ministro del Interior, Víctor Pérez, constituye una amenaza para el pueblo mapuche en La Araucanía y ha construido un escenario para la militarización”.

Durante la mañana, Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, se trasladó hasta Ercilla junto a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar. Allá aseguró que garantizarán que los servicios municipales sigan funcionando, como también protección policial especial para los edificios afectados y la zona en general. Además llamó a condenar la violencia, “venga de donde venga”.

“Lo que no podemos permitir es la autotutela, de aquellas personas que pretenden tomar la justicia de su propia mano”, señaló Galli. “Pero no nos confundamos: aquí hay personas que participaron en tomas, que fueron instadas al diálogo por los mismos alcaldes, a deponer esas tomas y hubo municipalidades, como esta, que fueron quemadas por personas a través de la violencia. Esa condena debe ser absoluta y sin peros”. b

Oposición apunta a responsabilidad de ministro Víctor Pérez

“Así se inicia la gestión del nuevo ministro del Interior en La Araucanía, civiles armados, linchamientos contra mapuches, desalojos violentos de municipios”, sostuvo el senador Alejandro Guillier. Como el excandidato presidencial, varios dirigentes y partidos de la oposición cuestionaron a Víctor Pérez por los hechos ocurridos en varias zonas de la región la noche del sábado.

En sectores de la centroizquierda responsabilizaron al jefe de gabinete de “empeorar” la situación en La Araucanía con su visita al lugar y sus declaraciones, donde, entre otras cosas, hizo un llamado a que los alcaldes pidieran el desalojo de las sedes municipales tomadas por comuneros mapuches. “Prioriza la seguridad represiva por sobre el diálogo político”, sostuvo una declaración del PPD.

Pero no solo se quedaron en palabras en el sector. Este domingo, el diputado por la zona, Ricardo Celis (PPD), anunció que iniciará una comisión investigadora por los hechos ocurridos. Por su parte, desde el Frente Amplio oficiaron al Ministerio del Interior para conocer los detalles de su visita a La Araucanía. La bancada PS de diputados pedirá una sesión especial condenando la violencia contra el pueblo mapuche. E incluso, la diputada Andrea Parra (PPD) sostuvo que “buscaré responsabilidades por este incumplimiento de deberes constitucionales”.

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