Proponen multar a jueces que no actualicen registro de pedófilos

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La fachada del Palacio de Tribunales de Santiago.

Iniciativa busca evitar que condenados por abusos a menores puedan trabajar con niños.


Hasta febrero de 2018, en Chile existían 6.382 personas en el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. Esto, al poseer condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, hay una diferencia entre quienes componen dicho listado del Registro Civil y aquellas personas sentenciadas por estos crímenes. Según informó La Tercera, existirían 132 condenados que no están en el registro.

Con el objetivo prevenir estas omisiones y que con ello no se exponga a los menores, el diputado José Miguel Castro (RN) presentó una moción parlamentaria que pretende imponer sanciones a los jueces que no informen las sentencias al Registro Civil, descuido que traba la actualización del registro.

"Son reiteradas las denuncias por la falta de remisión de los antecedentes por parte del juez competente a dicho registro, lo que ha permitido que personas que no pueden ni deben trabajar con menores puedan hacerlo por no presentar ningún antecedente", indicó el parlamentario a través de la moción.

En la actualidad, la legislación obliga a los magistrados a remitir la sentencia al Gabinete Central de Identificación, en un plazo de tres días desde ejecutoriada la misma.

Según agregó Castro, dado que la realidad ha demostrado que existen casos en que esto no se cumple, esto se traduce en "una falta grave en las labores del magistrado, toda vez que se encuentra dentro de sus funciones remitir los antecedentes y que, en caso de incumplimiento, puede constituir un claro peligro para la sociedad".

Amonestación y multas

El parlamentario propone que en estas situaciones, el juez se exponga a una sanción decidida por la Corte de Apelaciones. Entre ellas, advierte la moción, se encuentra la amonestación privada, una censura por escrito, pago de costas y una multa que varíe entre uno y 15 días de sueldo, o una multa de cinco UTM.

Para Claudia Guerrero, presidenta de la Agrupación No Más Abuso Sexual Infantil, "los jueces deben cumplir con su trabajo. Si ellos pasan a llevar una herramienta legal, tienen que ser sancionados. Una falla como esta puede causar el abuso, la violación y hasta la muerte de un menor".

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