El proyecto que pretende que personas con antecedentes penales puedan trabajar en la administración pública

"Como Estado, tenemos que dar el ejemplo". Con esas palabras, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó esta mañana el proyecto de ley que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la Administración Pública en grados profesionales y técnicos.

Con este nuevo cuerpo legal, las personas condenadas por simples delitos podrán trabajar en el sector público en cargos profesionales y técnicos, tanto a nivel central como municipal.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto +R que impulsa el Gobierno, el cual busca generar una gran alianza público privada, para que las empresas ayuden en la reinserción de las personas que hayan estado privadas de libertad, generándoles cupos laborales de un año, luego de cumplir con la capacitación intra penitenciaria.

El Proyecto +R, durante la primera mitad del año, benefició a más de 400 internos, y para esta segunda mitad del año, la cobertura superará los mil beneficiarios.

"Nosotros estamos impulsando en todo Chile un programa de reinserción social efectivo, una alianza púbico-privada para darle oportunidades reales a quienes, cumpliendo su castigo, su privación de libertad, vuelvan a la sociedad. Necesitamos que se reinserten y para eso queremos que tengan trabajo, los capacitamos gracias al apoyo del Sence y la empresa privada los contrata. Ahora sumamos al Estado, y con eso hacemos un círculo virtuoso, ya que cuando tienen estas personas oportunidades no reinciden. Más reinserción significa menor delincuencia y, por lo tanto, mayor seguridad pública", dijo el ministro Larraín.

"Con esta reforma presentada, nos comprometemos nosotros como Estado en la tarea de la reinserción social de personas que han cometido delito", agregó Larraín.

En lo específico, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, permitirán trabajar en el sector público como profesionales y técnicos a las personas condenadas por simples delitos. Este proyecto excluye a aquellas personas que hayan cometido delitos graves como, por ejemplo, homicidio, parricidio, violación, asaltos, entre otros.