Rebaja de precios a planes de isapres por edad beneficiaría a 125 mil afiliados

Autor: Lorena Leiva

Superintendencia resolverá el próximo mes apelaciones de última instancia que presentaron las firmas.


Un total de 125 mil afiliados serían beneficiados con la rebaja del precio de sus planes de isapres, de aplicarse la normativa que dictó la Superintendencia de Salud y que se encuentra paralizada mientras se estudian las apelaciones que presentaron las aseguradoras.

Así lo informó hoy el superintendente de Salud, Ignacio García Huidobro, quien acudió a la Comisión de Salud para dar cuenta de los alcances de la normativa, que fue dictada el 18 de octubre y cuyos efectos fueron suspendidos casi un mes después, antes de que fuera operativa, tras los recursos que presentaron las isapres.

La decisión de la superintendencia de paralizar la norma fue duramente criticada, debido a que las razones esgrimían eventuales daños patrimoniales para la industria. Al respecto, García Huidobro explicó que lo que se tuvo a la vista no fueron las isapres, sino el efecto que habría tenido la circular, en caso de ser revertida, para los afiliados. “En el supuesto teórico de que algunas de las instancias jerárquicas de la superintendencia, incluso dentro de tribunales, no se nos diera la razón (…), significaba un dolor de cabeza para la gente, porque le bajan la tabla de factores por varios meses y está sin pagar un monto “x” y un tribunal distinto, o este mismo, puede generar una definición diferente, que haría que ese usuario tendría que pagar retroactivamente”.

Frente a los parlamentarios, la autoridad hizo hincapié en que la instrucción dictada “sigue vigente” y que la suspensión será “hasta que estén resueltos todos los recursos legales que facultan a las isapres”. Además, explicó que las primeras reclamaciones de las isapres ya fueron rechazadas y que solo resta revisar un último trámite, en el cual las firmas apelan al superintendente.
Estos últimos recursos, en tanto, serían resueltos en diciembre y, de mantenerse el criterio de la entidad, se levantaría la restricción, dando curso a la norma, con la consiguiente rebaja de precio a los planes. “Nuestros tiempos no son largos, y pretendemos que de aquí a dos o tres semanas más este superintendente y su fiscalía se hayan manifestado al respecto”, dijo García Huidobro.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado PS Juan Luis Castro, indicó que si bien espera la aplicación de la medida, no descartó que “diputados de distintos partidos de oposición interpongamos acciones judiciales que nos permitan reivindicar los derechos de los ciudadanos que están esperando”. Aclaró que, en base a casos particulares de mujeres que se han visto afectadas por mayores cobros, se está estudiando con los equipos jurídicos de los partidos las instancias judiciales a seguir.

Mientras, el diputado UDI Jaime Bellolio dijo esperar que la circular “entre a regir cuanto antes. Es evidente que, dados los múltiples fallos del Tribunal Constitucional (TC), la tabla de factores y cambios unilaterales de precio es algo que no se ajusta la legalidad y lo que ha hecho la superintendente es simplemente recoger lo que ha dicho el TC. Por lo tanto, uno entiende que deben terminarse todos los trámites judiciales para que sea algo que tome efecto para todas las instituciones”.

Cabe señalar que la circular de la superintendencia ordena a las isapres a reducir el precio que pagan los afiliados una vez que, por cumplir años, abandonan los tramos etarios calificados como de “más riesgo” y que están asociados a mayores cobros. Así ocurre, por ejemplo, con un recién nacido, que paga hasta el doble del precio del plan en comparación a un niño de 24 meses. Lo mismo ocurre con una mujer en edad fértil, respecto de otra de 40 años que entra al sistema isapres.

El problema es que las aseguradoras no realizan la rebaja de precios en forma automática y solo ocurre en contados casos en que el afiliado reclama, por lo que la normativa de la superintendencia busca hacer este cálculo obligatorio para el sistema.

Para las isapres -que evalúan ir a tribunales en caso de que la superintendencia no acoja los reclamos-, la medida es compleja, pues costaría casi $ 60 mil millones anuales, similar a las utilidades de $ 70 mil que obtuvo la industria en 2017, lo que, consideran, haría inviable la regulación.

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