Salud crea módulo especial para registrar atención a personas heridas en protestas

A través de un oficio emitido ayer a todos los servicios de salud del país, la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó una serie de directrices aplicables a las atenciones de urgencia que se realicen en el contexto de manifestaciones, a pocos días de que se cumpla un año del estallido social, el próximo 18 de octubre.

En el documento, de 13 páginas, se compilan algunas recomendaciones aplicadas el año pasado, como la obligación de denunciar hechos con carácter de delito y facilitar el ingreso de organizaciones de derechos humanos.

Pero, además, “considerando los hechos acontecidos durante el último trimestre del año 2019 y las implicancias médico-legales de los pacientes atendidos en ese período”, según detalla el escrito, se crea un módulo especial para “el registro de atenciones de urgencia de cualquier paciente que presente algún tipo de lesión, independiente de las circunstancias en las que ella se haya generado”.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, explica que, ante un escenario de “hechos de violencia” que podrían ser similares a los de 2019, se diseñó una plataforma para “entregar la información numérica de atenciones que se hayan realizado en este contexto y evitar esta tensión que hubo en algún momento en cuanto a las cifras de pacientes en los distintos reportes de las diversas instituciones”.

Así, cada servicio de salud designará a un profesional encargado de recabar e ingresar los datos a la plataforma a diario, entre las 5.00 y las 8.00, en los días que dure la contingencia.

El documento también recalca a los médicos ser “lo más objetivo y completo posible en la descripción del tipo de lesión y asociación de la misma, sin poder certificar causalidad por la naturaleza de la atención clínica y no pericial”, precisa el oficio. A renglón seguido, se instruye que “en la eventualidad de que el paciente describa o acuse acción de terceros, debe consignarse que la situación es relatada por el paciente y no como un antecedente aportado por el tratante”.

Zúñiga, además, destacó en el oficio la aplicación del Protocolo de Estambul, en caso de presumirse que un paciente fue víctima de tortura o apremios ilegítimos.

“El protocolo médico-psicológico caracteriza indicios de heridas o situaciones que podrían ser consideradas como violaciones a los DD.HH.”, explica Zúñiga.

En ese sentido, la autoridad detalla que el resguardo al perímetro de los hospitales también es una preocupación y, a raíz de un trabajo de seguridad realizado en el Hospital Padre Hurtado, “se ha establecido una especie de ‘plan cuadrante’ para los hospitales y es una lista bastante amplia de cosas que hay que revisar en las inmediaciones para protegerlos, cosas que minimicen la probabilidad de tener un incidente, como limpiar la zona cercana de escombros”. Esto, con el fin de evitar barricadas que impidan el acceso de ambulancias, explica el subsecretario.

El director de la Posta Central, Osvaldo Carrasco, dice que desde inicios de este mes han recibido más pacientes heridos en manifestaciones: si el primer viernes del mes atendieron a cinco pacientes con lesiones atribuibles a enfrentamientos, el viernes pasado llegaron a 15 ingresos.

Carrasco adelanta que “todos los médicos de turno -de diferentes servicios- están avisados para que cuando se requiera bajen a la urgencia a atender”, lo que incluye a traumatólogos, cirujanos, neurólogos y radiólogos. Asimismo, señala que han habilitado una oficina para que las organizaciones de Derechos Humanos puedan ingresar a las dependencias de la Posta.

En el Hospital Barros Luco, Julio Matute, jefe del Servicio de Urgencia, explica que el recinto cuenta con un sistema de registro especial para los posibles lesionados. Además, disponen de un protocolo de “víctimas múltiples”, lo que implica que el recurso humano se despliega a reforzar las áreas que van generando más demanda. “Si llegan heridos de mediana o baja complejidad, se destinan a pabellones menores o boxes de cirugía; lo mismo si llegan de nivel dos, que implica reforzar con gente en pabellones. En caso de que sean pacientes de nivel máximo, ahí se compromete recurso humano de otras áreas del hospital”.

La Clínica Santa María, el centro privado más próximo al área de las protestas, mantendrá estrictas medidas de seguridad a raíz de la pandemia, que incluyen espacios diferenciados de atención en urgencia y cámaras termográficas. En tanto, de requerirse procedimientos quirúrgicos se exigirá la toma del test PCR en forma previa.