Sectores del gremio de los gendarmes mantienen en vilo acuerdo con gobierno

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, esta noche esperando la llegada de los dirigentes de Gendarmería.

El Presidente Piñera encabezó más de una reunión intentando destrabar el conflicto con los funcionarios de Gendamería. Y si bien el Ejecutivo esperaba firmar un protocolo de acuerdo a las 21.45, parte de las bases se resisten a aceptar propuesta.


Tras una tensa jornada en que los funcionarios de Gendarmería cumplían su cuarto día de paro, el gobierno apostaba al término de la movilización con la firma de un protocolo de acuerdo convocada para las 21.45 de este jueves en el Ministerio de Justicia. Sin embargo,  algunos sectores del gremio penitenciario se restisten a suscribir el pacto.

De hecho, pasadas las 22 horas los dirigentes hicieron el ademán de ingresar al Ministerio en calle Morandé, pero finalmente siguieron de largo y se reunieron con el director nacional de Gendarmería buscando resolver diferencias que aún persistían. En Justica, en tanto, estaba todo dispuesto para una conferencia de prensa conjunta donde se anunciarían los detalles del acuerdo.

Durante el transcurso del día, desde la sede del Ministerio de Justicia al Palacio de La Moneda cruzaron, en más de una oportunidad, el titular de la cartera, Hernán Larraín, y el subsecretario, Juan José Ossa, para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera y los ministros del Interior y Segegob, Andrés Chadwick y Cecilia Pérez.

Las reuniones buscaban dar con una fórmula que permitiera destrabar el conflicto que este jueves estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento entre gendarmes y Carabineros.

En el gobierno ven con preocupación el escenario y consideran “grave” cómo ha ido escalando el tema, que, incluso, llegó a una huelga de hambre. Por esta razón, para el Ejecutivo -dicen en el gobierno-  se volvió prioritario poner fin al conflicto.

En este contexto es que el propio Mandatario encabezó una de las citas -que partió a las 14.00 y se extendió por cerca de una hora- para analizar los antecedentes y pedir avances sobre las negociaciones, detrás de las cuales está la exigencia de los funcionarios de Gendarmería de que existan mejoras en la carrera funcionaria, entre ellas, una redistribución de los uniformados de más bajo grado y la creación de una tercera planta con los no uniformados.

Durante el transcurso del día, en el gobierno transmitían que las negociaciones iban bien encaminadas, aunque seguían considerando complejo conseguir un acuerdo. En más de una oportunidad, Larraín y Ossa -mientras cruzaban de un lado a otro en La Moneda- fueron consultados sobre los avances de las conversaciones y evitaron referirse al tema. “Estamos en eso”, comentaban al pasar.

La ministra Pérez se encargó, a petición del Presidente, de monitorear el tema durante toda la jornada. De hecho, fue en su despacho que en la tarde, cerca de las 19.00, encabezó una reunión junto al ministro Larraín, Ossa y el director interino de Gendarmería, Christian Alveal, quien es el intermediario con los gremios.

En la cita, los presentes estaban analizando, bajo estricta reserva, hasta dónde podía ceder el gobierno en las peticiones de los funcionarios de Gendarmería. Luego, a las 20.20 cruzaron desde el despacho de la ministra hasta la oficina de Piñera, encuentro que terminó cerca de las 21 horas.

Hasta ese momento La Moneda llevaba dos propuestas realizadas que han dejado insatisfechos al gremio. La última de ellas la hizo el subsecretario Ossa, quien ha encabezado las negociaciones y que llegó este jueves entre las 00.00 y las 6.00 hasta Santiago Uno para retomar el diálogo con los gremios.

El gobierno ha optado por tener un tono duro frente a los gendarmes. De hecho, fue la propia vocera la que desató críticas de los funcionarios tras calificar el lunes como “ilegal” la movilización. Al día después fue el subsecretario Ossa quien anunció que se aplicarían descuentos a los funcionarios movilizados, además de plantear la posibilidad de abrir sumarios administrativos.

“Estamos obligados a realizar siempre descuentos cuando se trata de movilizaciones que no sean legales”, dijo en la ocasión.

Tensa jornada

Fuerzas especiales de Carabineros y contingente antimotines de Gendarmería. Así era el escenario en el Centro de Justicia. El gobierno había ordenado a la policía uniformada desbloquear el paso desde la Zona de Seguridad y Tránsito del Centro de Justicia de Santiago hacia el Centro de Detención Preventiva Santiago I.

Así, durante la mañana llegó el contingente de Carabineros para ese objetivo. Oficiales ingresaron hasta Santiago Uno para dialogar con los gremios, y allí se acordó una especie de tregua que evitó una situación más tensa.

“El gobierno ha querido poner frente a frente a instituciones hermanas. Por un desatino estuvimos a punto de generar un conflicto de categoría mayor”, dijo Marcos Aburto, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios. En tanto, el jefe de estudio de la DPP Sur, Marco Palma, sostuvo que “la resistencia de Gendarmería impide que haya un desplazamiento. Estamos en una situación compleja. Hay personas que podrían haber recuperado su libertad, pero al no poder ir a sus audiencias esa situación no se ha permitido”.

Durante la mañana hubo 82 personas bajo prisión preventiva que se mantuvieron en el subterráneo del Centro de Justicia, ya que no podían ingresar al recinto penal, ante la negativa de los gendarmes de recibir nuevos internos. El escenario cambió durante la tarde, y junto con los 82 reos, otros 19 detenidos pudieron ingresar a la penitenciaría.

En tanto, en medio de la presentación de amparos constitucionales de la Defensoría Penal Pública, hoy los jueces del Primer Juzgado de Garantía de Santiago decidieron revisar “de oficio” la prisión preventiva de dos imputados que esperaban audiencia desde hace 72 horas. Uno investigado por robo y el otro por tráfico.

La presidenta de la Agrupación de Magistradas, Francisca Zapata, explicó: “Los jueces toman decisiones que otros entes ejecutan. Si la ejecución no se ajusta a derecho e incluso en ella se vulneran derechos, los jueces no pueden permanecer indiferentes, justamente por mandato legal y constitucional que les entrega el rol de asegurar los derechos de todos los intervinientes. Debe, por tanto, tomar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. Eso es lo que se ha hecho acá”, sostuvo.

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